BUENOS AIRES, 10 de junio de 2026.- El modelo económico avanza sobre dos rieles que no se tocan. Mientras la macroeconomía financiera muestra señales de estabilidad, la crisis de pymes en Argentina se profundiza sin freno. Proyecciones privadas advierten que 2026 cerrará con 500.000 puestos de trabajo formales perdidos y hasta 40.000 empresas desaparecidas.
La crisis de pymes en Argentina ya borró 25.000 empresas desde 2023
Los números del Observatorio de Industriales Pymes Argentinos (IPA) son contundentes. Desde diciembre de 2023, la recesión eliminó 25.000 unidades productivas. Solo en febrero se registraron 10.200 cierres. “El deterioro del empleo formal y del entramado productivo ya no responde a un ajuste transitorio. Empieza a adquirir características estructurales”, diagnosticó Federico Vacarezza, coordinador del organismo.
El derrumbe es transversal. De los 948 subsectores económicos relevados, 554 perdieron puestos de trabajo formales. La construcción encabeza la caída con 81.295 empleos destruidos, seguida por la industria manufacturera con 76.556, los servicios de transporte y almacenamiento con 61.107 y las actividades profesionales con 25.449. En total, 13 ramas industriales se encuentran en estado crítico, con más de 77.000 trabajadores expulsados y 3.100 fábricas cerradas de forma definitiva.
En contraste, solo mostraron signos positivos rubros muy específicos vinculados a la salud, el software y el agro. Un volumen de creación de empleo que está lejos de compensar la caída generalizada.
Vacarezza fue explícito sobre las perspectivas: aunque la producción general puede asimilarse a los pisos registrados durante la pandemia, la diferencia central es la ausencia de expectativas de salida a corto plazo. “La industria puede mostrar una mejora estadística por sectores concentrados, pero el rebote no derrama sobre el empleo ni las pymes”, advirtió. Su propuesta es relajar la política monetaria para estimular el consumo sin condicionamientos ideológicos.
Asfixia fiscal y pymes sin acceso al poder
No obstante, el problema no es solo de demanda. Daniel Rosato, presidente de IPA, reconoció que los canales de diálogo con el Ejecutivo están cortados. El sector debió recurrir directamente al Poder Legislativo. “Nuestra intención no es confrontar políticamente, sino frenar una sangría de embargos ejecutivos y quiebras”, afirmó.
La propuesta legislativa que impulsan apunta a extender la suspensión de embargos y remates a 180 días tras la apertura de un concurso preventivo. La urgencia tiene respaldo estadístico. En todo 2023 se registraron 82 expedientes de concursos preventivos en la Ciudad de Buenos Aires. En 2025 la cifra trepó a 190. Y solo en el primer trimestre judicial de 2026 —febrero, marzo y abril— ya se abrieron 92 procesos.
Asimismo, Rosato alertó sobre un riesgo sistémico concreto: el inminente corte de suministros a las grandes corporaciones, que dependen de pequeñas fábricas proveedoras para operar. “Los concursos preventivos, que hoy son nuestra última defensa legal para asegurar la supervivencia comercial, experimentaron un salto exponencial”, advirtió.
Por su parte, el sector denuncia una desigualdad procesal flagrante. Mientras el Estado resigna recaudación para otorgar ventajas a multinacionales bajo el RIGI, las pymes reciben intimaciones con plazos de 24 horas emitidas por estudios tercerizados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El encarecimiento de la energía y el colapso del financiamiento blando completan el cuadro. “Es imposible competir ante la falta de financiamiento blando, cuyos intereses se dispararon en términos reales frente a la recesión de ventas”, sentenció Rosato.
La advertencia final del sector es lapidaria. Una vez que una pyme quiebra, liquida su capital y despide a su personal, prácticamente no vuelve a operar. En ese marco, la crisis de pymes en Argentina no es solo un dato económico. Es la destrucción silenciosa del tejido productivo que sostiene el empleo formal en el país.
Con Perfil