TUCUMÁN, 15 de mayo de 2026.- Todo comenzó con un video. Las imágenes circularon públicamente y mostraban algo concreto: un camión atmosférico de la empresa Ciageser descargaba líquidos cloacales directamente en el cauce del río Gastona, en Villa Chicligasta, departamento de Simoca. La contaminación del río Gastona dejó de ser una denuncia vecinal. Se convirtió en una causa penal federal.
Eso ocurrió en octubre de 2021. La Fiscalía Federal n.º 2 de Tucumán impulsó la investigación de inmediato. Cuatro años después, la Cámara Federal de Tucumán procesó a dos directivos de la firma: el presidente y director de la empresa, junto con su apoderado. Los tres enfrentan cargos por contaminación con residuos peligrosos bajo la Ley 24.051.
La resolución llegó tras una apelación del fiscal federal Agustín Chit. En septiembre de 2024, el Juzgado Federal n.º 2 había dictado la falta de mérito de los imputados. Chit apeló esa decisión y la Cámara le dio la razón.
Contaminación río Gastona: el debate judicial y el fallo que marcó precedente
El eje del conflicto fue técnico, pero tuvo implicancias de fondo. El juzgado de primera instancia exigió una pericia ambiental como condición excluyente para acreditar el delito. El fiscal Chit lo cuestionó con un argumento preciso: el vertido fue un evento instantáneo en un curso de agua dinámico. Con el paso del tiempo, obtener muestras representativas resultaba materialmente imposible. Exigir esa prueba equivalía a hacer el delito improbable.
La Cámara avaló ese razonamiento. Los jueces recordaron que la Ley 24.051 sanciona a quien envenene, adultere o contamine de modo peligroso el suelo, el agua o el ambiente mediante residuos peligrosos. Remarcaron además que la norma protege dos bienes jurídicos al mismo tiempo: el ambiente y la salud pública. En ese sentido, citaron precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el derecho constitucional a un ambiente sano y el deber del Estado de preservarlo.
El tribunal también aclaró un punto clave: se trata de un delito de peligro. No hace falta demostrar un daño concreto y actual sobre la salud para que el delito se configure. Basta con acreditar una conducta potencialmente peligrosa para el ambiente y para las personas.
Las pruebas, los riesgos sanitarios y la condena anticipada del expediente
Para llegar al procesamiento, la Cámara valoró un conjunto amplio de pruebas. El expediente incluyó registros fílmicos, declaraciones testimoniales de vecinos y funcionarios, informes de organismos ambientales provinciales y actuaciones administrativas. Con ese material, los jueces acreditaron que Ciageser no contaba con autorización para realizar vuelcos de efluentes en cursos de agua. Además, la empresa ya había recibido sanciones administrativas por hechos similares con anterioridad.
El fallo también desarrolló en detalle los riesgos sanitarios del vertido. Los líquidos cloacales sin tratamiento pueden contener bacterias como salmonella, leptospira o vibrio cholerae. Estas bacterias provocan enfermedades graves en personas y animales. Además, ese tipo de descarga genera procesos de eutrofización en el agua. Reduce el oxígeno disponible y daña directamente a la fauna acuática.
El tribunal subrayó además una consideración metodológica relevante para los delitos ambientales: no siempre es posible obtener pruebas directas. En esos casos, corresponde otorgar valor a la prueba indiciaria y a la reconstrucción histórica de los hechos. Ese criterio fue determinante para revertir la falta de mérito.
Bajo esta premisa, la Cámara Federal concluyó que existían elementos suficientes para procesar a los imputados por contaminación del río Gastona mediante residuos peligrosos. La causa continúa su curso en la justicia federal tucumana.
Con Fiscales.org