BUENOS AIRES, 7 de mayo de 2026.- La tensión entre el Gobierno y las universidades públicas escaló este miércoles. En el centro del conflicto, la marcha universitaria federal convocada para el próximo martes vuelve a poner en agenda un reclamo que ya tiene sentencias judiciales a favor, pero que el Ejecutivo sigue resistiendo con recursos legales. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal concedió un recurso extraordinario presentado por el Estado y suspendió la ejecución de la medida cautelar que ordenaba aplicar la Ley de Financiamiento Universitario N.º 27.775.
La marcha universitaria federal y la cautelar suspendida
Según el comunicado oficial del Ministerio de Capital Humano, el recurso fue presentado contra la sentencia del 31 de marzo de la Sala III de la Cámara. El tribunal incluyó el pedido de efecto suspensivo, que fue concedido. Esto implica que la ejecución de la medida cautelar queda frenada hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expida de manera definitiva.
El Gobierno, además, recordó que mediante el Decreto N.º 759/25 se promulgó la Ley N.º 27.775, cuya aplicación quedó suspendida hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento. Según el Ejecutivo, su ejecución “comprometería el equilibrio de las cuentas públicas”. En ese marco, ratificó “su compromiso de garantizar el derecho de enseñar y aprender”.
No obstante, la respuesta de las universidades llegó antes del fallo. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA) convocaron a movilizarse el martes 12 de mayo desde las 17, con epicentro en Plaza de Mayo y marchas simultáneas en todo el país.
Hospitales universitarios en riesgo y paritarias sin respuesta
El reclamo va más allá del texto de la ley. La directora general del Instituto de Oncología Ángel Roffo, Roxana del Águila, advirtió que la falta de fondos pone en riesgo la atención de 110.000 pacientes. “No hemos recibido todavía, al día de hoy, el presupuesto del año 2026, que aparte está congelado porque es el mismo presupuesto del año 2025”, señaló en diálogo con Infobae al Regreso.
Bajo esta premisa, del Águila trazó un escenario concreto: “Si dentro de un mes y medio no vamos a contar con todos los recursos necesarios, lo que va a empezar a pasar es que ya en algunos hospitales se redujo la cantidad de cirugías. En el nuestro, que trata pacientes con cáncer, no le podemos decir a un paciente que no lo vamos a atender”.
Por su parte, el conflicto salarial tampoco encontró salida. Desde 2024, todas las actualizaciones para el sector docente y no docente fueron unilaterales y rechazadas por insuficientes. La ley vigente establece un aumento del 51% para recuperar lo perdido desde diciembre de 2023. En cambio, la propuesta del Ejecutivo ofrece un 12,3% en tres cuotas. El Relevamiento de Expectativas de Mercado del BCRA estima una inflación del 29% para este año.
Una disputa que lleva meses sin resolución
El historial del conflicto es extenso. Después de que el Congreso aprobara la Ley de Financiamiento Universitario en octubre de 2025 y el veto presidencial de Javier Milei fuera revertido, el Ejecutivo suspendió la norma por decreto. En diciembre intentó derogarla mediante un artículo del Presupuesto 2026, pero no obtuvo los votos. En febrero, el oficialismo presentó un proyecto alternativo que modifica puntos centrales de la ley con el objetivo de preservar el equilibrio fiscal. Esa iniciativa todavía no avanzó en el Congreso.
Asimismo, en diciembre la Justicia ya había dado un primer fallo favorable a las universidades. En marzo, la Sala III de la Cámara ratificó la vigencia de la ley. El mes pasado, la misma Cámara exigió “cumplimiento inmediato” de los artículos 5 y 6, que refieren a salarios y becas estudiantiles. En respuesta, el 17 de abril la Procuración del Tesoro presentó el recurso extraordinario que derivó en la suspensión de hoy.
En ese contexto, las instituciones que impulsan la marcha universitaria federal son categóricas: Aun con una ley sancionada por el Congreso y con un fallo judicial ordenando su aplicación, el Gobierno Nacional mira hacia otro lado y las respuestas no aparecen”. El martes, Plaza de Mayo volverá a ser el escenario de un reclamo que suma meses de disputa judicial, presupuestaria y política.