WASHINGTON, 2 de mayo de 2026.- La guerra de Trump con los jueces federales no tiene precedentes en la historia reciente de Estados Unidos. Desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca, su administración ignoró órdenes de tribunales federales en al menos 31 demandas distintas. No en casos menores. En deportaciones masivas, fondos para escuelas, ayuda exterior y despidos en agencias del Estado. La cifra surge de una revisión exhaustiva de cientos de páginas de expedientes judiciales realizada por Associated Press.
Eso equivale a una de cada ocho causas en las que los tribunales bloquearon, al menos temporalmente, alguna acción del gobierno. Y la cifra no incluye los más de 250 casos individuales de incumplimiento en peticiones de inmigración que los jueces identificaron por separado. En total, Trump está en guerra con los jueces en un frente que se expande semana a semana.
Expertos en derecho constitucional advierten que lo que está en juego no es solo una disputa legal. “El gobierno federal debería ser la institución más comprometida con el estado de derecho en este país”, dijo David Super, de la Universidad de Georgetown. “Cuando deja de sentirse obligado a respetarlo, es probable que ese respeto se desmorone en todo el país”.
Trump en guerra con los jueces: el mapa completo del desafío
El patrón no se limita a la política migratoria, aunque allí comenzó. Entre los casos más graves documentados por AP, los jueces determinaron que la Casa Blanca deportó a decenas de presuntos miembros de pandillas a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, en abierta contradicción con órdenes judiciales vigentes. También retuvo miles de millones de dólares en ayuda exterior y no restableció la programación de la Voz de América, pese a resoluciones que lo exigían.
Asimismo, el Departamento de Seguridad Nacional condicionó la entrega de fondos de ayuda para desastres naturales a la cooperación de los estados con la política migratoria. El juez William Smith —designado por George W. Bush, no por un demócrata— calificó la maniobra de “torpe” y afirmó que buscaba “intimidar a los estados”. Por su parte, el juez Jamal Whitehead acusó al Departamento de Justicia de “inventarse un nuevo texto” en una orden de un tribunal de apelaciones para imponer el resultado que el gobierno prefería.
No obstante, la Casa Blanca tiene su propia lectura. La portavoz Abigail Jackson declaró que los tribunales superiores habían revocado “fallos ilegales de los tribunales de distrito” y que la administración “seguirá acatando los fallos judiciales legales”. El asesor conservador Will Chamberlain, del grupo The Article III Project, fue más directo: los funcionarios de Trump “en general cumplen, apelan y ganan”.
Jueces republicanos, jueces demócratas: el rechazo es transversal
La guerra de Trump con los jueces no distingue colores políticos. Uno de los datos más reveladores del informe de AP es la distribución partidaria de los magistrados que encontraron violaciones. De los 29 jueces que emitieron resoluciones claras, 22 fueron designados por presidentes demócratas y 7 por presidentes republicanos. Es decir, casi un cuarto de los fallos contrarios a la administración vinieron de jueces nombrados por el propio partido de Trump.
El caso de la jueza Sunshine Sykes ilustra la tensión. Designada por Biden, Sykes anuló en diciembre una política de retención de inmigrantes sin fianza. La administración ignoró el fallo. Para febrero, la magistrada ya había acusado a los funcionarios de Trump de intentar “socavar cualquier vestigio de separación de poderes” en un mundo donde, según sus propias palabras, “la Constitución no existe”. En marzo, un tribunal de apelaciones bloqueó su decisión y determinó que probablemente había excedido su autoridad. La Casa Blanca lo usó como aval.
En este sentido, los exjueces federales Jeremy Fogel y Liam O’Grady —hoy integrantes del grupo Keep Our Republic— señalaron que los magistrados están perdiendo la confianza en la integridad del Departamento de Justicia. Eso los está volviendo “más agresivos al acusar al gobierno de mala fe”, según O’Grady. Fogel agregó que la frustración es creciente: “Dan órdenes, pero esas órdenes no se cumplen, y entonces tienen que averiguar por qué no se cumplen, y ahí es donde la cosa se vuelve muy ambigua y muy política”.
Vance, la guerra de Trump con los jueces y el límite que nadie había cruzado
Fuera de los tribunales, el conflicto escaló al plano político de una forma sin antecedentes recientes. Trump y sus funcionarios arremetieron públicamente contra los jueces federales en reiteradas oportunidades. Pero fue el vicepresidente JD Vance quien fue más lejos: sugirió abiertamente que el presidente podría ignorar las órdenes judiciales.
La declaración resonó entre los especialistas porque cruza una línea que ningún vicepresidente de administraciones recientes —incluida la primera de Trump— se había animado a cruzar en público. Ryan Goodman, profesor de la Universidad de Nueva York y uno de los académicos que sigue más de cerca los litigios contra la administración, fue categórico: lo que el sistema judicial está experimentando “es cualitativamente completamente diferente a todo lo que lo precedió”.
Bajo esta premisa, la comparación histórica resulta contundente. Expertos en derecho y exjueces federales recordaron que las administraciones anteriores —incluso el primer mandato de Trump— solían disculparse cuando los jueces los confrontaban. El Departamento de Justicia actual, en cambio, adoptó una postura abiertamente combativa en varios de los casos revisados por AP. Las más de 700 demandas acumuladas contra la administración en apenas 15 meses son el termómetro más claro de esa tensión.
El costo humano: salud mental en riesgo en las aulas de California
Detrás de cada expediente hay personas concretas. En Eureka, California, la administradora escolar Lisa Claussen enfrenta la posibilidad de perder a más de una docena de psicólogos y trabajadores sociales que atienden a estudiantes con consumo problemático de sustancias y pensamientos suicidas. Los fondos federales que financiaban esos puestos fueron suspendidos por la administración, que se oponía a que los criterios de diversidad incidieran en la asignación de subvenciones.
La jueza Kymberly Evanson bloqueó la medida en diciembre de forma permanente. Sin embargo, la administración impuso nuevas restricciones, entre ellas un tope inicial de seis meses de financiación que California y otros 15 estados consideran una elusión deliberada de la orden judicial. El Departamento de Educación argumentó que quería verificar el progreso de las escuelas antes de liberar fondos adicionales. La jueza aún no emitió su fallo.
Ante la incertidumbre, varios distritos ya emitieron avisos de despido al personal de salud mental o eliminaron puestos directamente. “Tenemos muchos niños que no confían en los adultos, y con muy buenas razones”, dijo Claussen con la voz entrecortada. “Nosotros no hicimos nada malo”.
La Corte Suprema y el riesgo de que el desacato se vuelva costumbre
El dato que más inquieta a los críticos no está en los 31 casos de incumplimiento, sino en lo que hicieron los tribunales superiores con ellos. En casi la mitad de esas causas, un tribunal de apelaciones o la propia Corte Suprema terminó dando la razón a la Casa Blanca, limitó los intentos de corrección de los jueces de distrito, o ambas cosas a la vez.
La jueza asociada Sonia Sotomayor lo denunció sin eufemismos en una opinión disidente firmada junto a los otros dos magistrados liberales del tribunal. Cada vez que la Corte premia el incumplimiento con medidas cautelares discrecionales, escribió en junio, “erosiona aún más el respeto por los tribunales y por el estado de derecho”. Y añadió: “Esta no es la primera vez que el Tribunal hace la vista gorda ante el incumplimiento, ni, me temo, será la última”.
JoAnna Suriani, abogada del grupo independiente Protect Democracy, resumió el riesgo central con precisión: “El peligro radica en que esto se normalice”. Con Trump en guerra con los jueces como constante de fondo, esa normalización ya lleva quince meses de historia escrita, y los expedientes siguen acumulándose.