Buenos Aires, 6 de enero de 2026.- Un grupo de dirigentes políticos y exfuncionarios presentó una acción de amparo contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025, que reformó la Ley de Inteligencia Nacional. Además de la acción judicial, se solicitó una medida cautelar para suspender de manera inmediata la aplicación del decreto. La posibilidad de recurrir a la Corte Suprema a través del mecanismo excepcional del per saltum también fue planteada en la demanda.
El amparo fue presentado ante la Justicia Federal en lo contencioso administrativo por Leopoldo Moreau, Federico Storani, Ricardo Alfonsín, Manuel Garrido y otros exlegisladores. Los demandantes cuestionan la constitucionalidad del DNU, argumentando que amplía de forma excesiva las facultades de los organismos de inteligencia, lo que vulnera derechos fundamentales de la ciudadanía.
El DNU autoriza tareas de contrainteligencia, recolección e intercambio de información sin control judicial previo. Según los demandantes, conceptos como “influencia” o “injerencia” son demasiado amplios y vagos, lo que podría habilitar vigilancia sobre actividades políticas, sociales, periodísticas y comunicacionales protegidas por la Constitución. Además, se argumenta que la reforma compromete derechos como la privacidad, la intimidad, la libertad de expresión, la participación política y la protección de datos personales.
El escrito también destaca que el decreto consolida un esquema de inteligencia “opaco”, donde todas las actividades del sistema quedan encubiertas, limitando gravemente el control ciudadano y parlamentario. Asimismo, cuestionan el uso del DNU como herramienta legislativa, al considerar que no hubo una situación de urgencia que justificara su aplicación, especialmente para una reforma estructural y permanente que debería haber pasado por el Congreso.
En la demanda se solicita que se habilite la feria judicial y se otorgue una medida cautelar urgente para suspender los artículos modificados por el decreto. Los firmantes advierten que cualquier intromisión ilegítima en la esfera privada de las personas resulta irreversible o de difícil reparación.
Finalmente, el escrito deja abierta la posibilidad de recurrir al mecanismo de per saltum ante la Corte Suprema, al considerar que se trata de un tema de “gravedad institucional”, con implicaciones para la división de poderes y la afectación de derechos fundamentales colectivos.
El caso ahora está en manos del juez Martín Cormick, quien deberá resolver el pedido de cautelar. La causa vuelve a poner en el centro del debate los límites constitucionales al uso de los DNU y el alcance del control judicial sobre las reformas impulsadas por el Poder Ejecutivo.