
Bogotá, 11 de diciembre de 2025 (EFE).- El Gobierno de Colombia calcula que el 37 % de los miembros del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC, son menores de edad reclutados de forma forzada. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, destacó que la cifra refleja una preocupación creciente en el país. Según él, en algunos sectores del EMC, hasta el 37 % de los combatientes podrían ser menores.
En otras disidencias, como el Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), el porcentaje de menores reclutados es del 15 %. Además, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) tiene alrededor del 10 %, y el Clan del Golfo, la principal banda criminal, presenta un 5 %.
Las causas del reclutamiento infantil
El ministro instó a reflexionar sobre las causas detrás del reclutamiento forzado. Según él, la violencia es solo un efecto. Los problemas de fondo incluyen la falta de oportunidades y la corrupción. Estos factores impulsan a los jóvenes a unirse a grupos armados, buscando una salida a la desesperanza.
El Cauca como epicentro del problema
En Colombia, un niño o adolescente es reclutado cada 20 horas, según Unicef. Entre 2019 y 2024, los casos de reclutamiento aumentaron un 300 %. Las redes sociales jugaron un papel importante en este incremento, ya que ahora se usan para contactar a los menores directamente.
El departamento del Cauca concentra más de la mitad de los casos de reclutamiento. Este departamento, históricamente afectado por la violencia, sigue siendo una de las zonas más vulnerables del país. Entre enero y septiembre de este año, la Defensoría del Pueblo registró al menos 123 casos de reclutamiento forzado.
La controversia por los bombardeos
El debate sobre el reclutamiento se intensificó después de que el presidente Gustavo Petro ordenara bombardeos contra el Estado Mayor Central desde octubre. Al menos doce menores de edad que formaban parte de este grupo armado perdieron la vida durante estos ataques. Esto desató un intenso debate nacional sobre el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y el papel del Estado en la protección de los derechos de los menores.
En respuesta a la controversia, el ministro Sánchez Suárez afirmó que los menores muertos no eran civiles. “No estamos hablando de niños. Estamos hablando de menores combatientes”, aclaró, asegurando que el ataque no estaba dirigido a civiles.
