BUENOS AIRES, 31 de julio de 2026.- La posibilidad de que productores agropecuarios se organicen para financiar y ejecutar el mantenimiento de caminos rurales gana terreno en varios municipios bonaerenses. El estado deficiente de la red vial impulsa esta alternativa. Sin embargo, el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires puso una condición central: sin dirección profesional, la iniciativa puede derivar en graves problemas técnicos.
Desde la entidad expresaron su apoyo al esquema. No obstante, remarcaron que solo puede desarrollarse si respeta la normativa vigente y si cuenta con proyectos elaborados por ingenieros matriculados. De lo contrario, advirtieron, podrían generarse perjuicios hídricos, ambientales y estructurales, además de responsabilidades legales para propietarios y municipios.
Una alternativa frente a la escasez de recursos
El presidente del Colegio de Ingenieros bonaerense, Jorge O. Castellano, sostuvo que la participación privada puede ser una alternativa válida frente a la falta de fondos públicos. Aclaró, sin embargo, que ese aporte debe orientarse al mantenimiento de caminos rurales con dirección técnica.
“Nos parece una oportunidad interesante que quienes pueden afrontar el costo de obras de infraestructura vecinales colaboren con su financiamiento. Pero esta posibilidad debe ser llevada a cabo con planificación, cumpliendo los procedimientos que establecen la normativa técnica y legislación vigente”, explicó.
Los riesgos de intervenir caminos rurales sin proyecto técnico
Uno de los principales puntos de preocupación pasa por las consecuencias de una intervención incorrecta sobre un camino rural. Modificar cunetas o alterar pendientes puede afectar, además del propio establecimiento, a los campos vecinos. Lo mismo ocurre al cambiar el escurrimiento natural del agua, ya sea aguas arriba o aguas abajo.
Por eso, según explicó Castellano, la construcción o el mantenimiento de un camino requiere analizar previamente el funcionamiento de las cuencas hídricas y la ubicación de alcantarillas. También exige estudiar los cruces de cursos de agua y las características del suelo. Cada traza, además, exige un nivel de análisis distinto.
“No todos los caminos tienen las mismas necesidades. No es igual un acceso para un establecimiento tambero que necesita transitabilidad diaria que un camino destinado a una explotación ganadera o agrícola. Cada caso requiere un proyecto específico del tratamiento a aplicar y de su planialtimetría”, afirmó.
¿Qué exige la normativa vigente para los caminos rurales?
La Provincia de Buenos Aires ya cuenta con un marco normativo que regula la intervención sobre caminos rurales, más allá de quién financie los trabajos. Castellano mencionó que la Ordenanza General 165/73 exige estudios previos y la presentación de proyectos. También requiere la dirección de profesionales habilitados y las aprobaciones técnicas y administrativas correspondientes.
En consecuencia, que una cooperativa o un consorcio rural financie una obra no elimina las obligaciones legales que deben cumplir propietarios, ejecutores y autoridades estatales. “No es posible presentar una idea hoy para ejecutarla mañana. Hay procedimientos que deben respetarse porque son previsiones que existen justamente para evitar daños posteriores”, señaló.
El riesgo de repetir errores del pasado
Para Castellano, uno de los mayores peligros sería reproducir prácticas que históricamente resultaron insuficientes para sostener la red vial rural. “Si se sigue creyendo que mantener un camino de tierra consiste únicamente en pasar la motoniveladora y volver a emparejar la superficie, se seguirán malgastando recursos en maquillajes que duran muy poco”, sostuvo.
Por eso, insistió en que un camino rural debe formar parte de una planificación integral. Esta debe contemplar tanto la calidad de la construcción como la facilidad de su mantenimiento futuro. Así, se prioriza la durabilidad de la obra y se maximiza el aprovechamiento de la inversión.
Los municipios, también bajo la lupa
La advertencia del Colegio alcanza asimismo a los gobiernos locales que evalúan autorizar estas iniciativas sobre caminos rurales. La participación de los productores puede ampliar la inversión disponible. Pero eso solo funciona si los municipios exigen, durante todo el proceso, la presencia de profesionales de la ingeniería que garanticen el cumplimiento de la normativa.
De lo contrario, además de malgastar recursos, podría comprometerse la calidad de las obras. Esto ocurriría por afectaciones hidráulicas o ambientales derivadas de intervenciones sin los estudios correspondientes.
Una oportunidad, aunque con planificación
Lejos de rechazar el financiamiento privado, en el Colegio consideran que puede liberar recursos públicos para destinarlos a los sectores sin capacidad económica propia. No obstante, remarcaron que el éxito del modelo dependerá de incorporar lo que muchas veces faltó en la obra pública tradicional. Se trata de planificación técnica, estudios previos rigurosos y una dirección profesional comprometida.
“La participación privada será una solución duradera y necesaria frente a la falta de recursos si se lleva a cabo con criterio, porque para obtener resultados diferentes hay que hacer las cosas de manera diferente. Financiar una obra no alcanza; también hay que ejecutarla con criterios de ingeniería y dentro del marco legal vigente”, concluyó Castellano.