BUENOS AIRES, 13 de mayo de 2026.- El debate por la marcha universitaria en Argentina volvió a estallar este martes. Miles de docentes, estudiantes y rectores salieron a las calles de Buenos Aires y de todo el país para exigir la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario. El Gobierno no cedió. Y puso el foco donde siempre: en la Corte Suprema.
Esta fue la cuarta movilización federal del ciclo y, como en las anteriores, el oficialismo respondió con un discurso centrado en la eficiencia, las auditorías y el equilibrio fiscal. La tensión entre el sistema universitario y el Ejecutivo nacional llegó a un nuevo punto crítico.
La marcha universitaria en Argentina, con la pelota en la corte
El nudo del conflicto no está en las calles. Está en los tribunales. El Ejecutivo presentó un Recurso Extraordinario Federal contra la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso, argumentando que la norma no establece de dónde saldrían los fondos adicionales. “Lo tiene la Corte y tendrá que resolver. Estamos a la expectativa”, indicaron fuentes de la Casa Rosada.
Por su parte, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) le pidió al máximo tribunal que “escuche el clamor de las plazas de toda la república”. La resolución judicial definirá, en gran medida, el desenlace de este conflicto.
Mientras tanto, el oficialismo defiende su gestión con números propios. A través de un comunicado de La Libertad Avanza, el Gobierno sostuvo que transfirió mensualmente el presupuesto asignado a las universidades y que la partida para 2026 creció hasta los 4,8 billones de pesos. Asimismo, recordó que durante la gestión de Alberto Fernández los fondos llegaban “hasta con cuatro meses de atraso” y con una inflación del 211,4% anual.
“Una causa noble detrás de la política”
El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, fue directo: calificó la movilización como “un acto opositor” en el que “una causa noble se esconde atrás de la política”. En la misma línea, el presidente Milei publicó en redes sociales: “La universidad pública no está en peligro. La caja sin control, sí”.
No obstante, desde el sector universitario la visión es radicalmente distinta. El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, acusó al Gobierno de “mentir sin vergüenza”. El documento final de la marcha denunció una caída real acumulada del 45,6% en las transferencias a universidades entre 2023 y 2026, con salarios docentes en sus niveles más bajos en 23 años.
Bajo esta premisa, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, insistió en la necesidad de auditorías profundas, arancelamiento a estudiantes extranjeros y mayor eficiencia presupuestaria. El Ministerio incluso lanzó un micrositio de datos para transparentar alumnos regulares, tasas de egreso y costo por graduado.
Recortes y equilibrio fiscal: la línea que el Gobierno no cruza
En las últimas horas, el Ejecutivo modificó el Presupuesto 2026 con un recorte de casi 2,5 billones de pesos, con ajustes en programas educativos incluidos. Desde el equipo de Luis Caputo aclararon que las medidas apuntan a “garantizar la eficiencia del Estado” sin afectar el funcionamiento educativo ni la investigación científica.
En este sentido, el oficialismo fue categórico: no habrá cambios en el rumbo fiscal. Hacerlo, argumentaron, “implicaría más impuestos o mayor emisión monetaria” y, en consecuencia, “más inflación y más pobreza”.
El desenlace del conflicto tras la marcha universitaria en Argentina depende ahora de dos factores: el fallo de la Corte Suprema y la capacidad de negociación entre un Ejecutivo que no cede y un sistema universitario que sostiene que la crisis ya es crítica.