BUENOS AIRES, 12 de mayo de 2026.- A pocas horas de la movilización, el conflicto entre el Ejecutivo y las universidades públicas sumó un giro inesperado. La cuarta marcha universitaria volvió a instalar la disputa presupuestaria en la agenda, y esta vez con una novedad concreta: el Gobierno anunció que convocará a los rectores para renegociar la distribución de fondos destinados a los hospitales universitarios.
La decisión no implica un cambio de fondo. La Casa Rosada ratificó el freno a la Ley de Financiamiento Universitario y su recurso ante la Corte Suprema sigue en pie. Sin embargo, la apertura de una mesa de negociación sobre los hospitales marca un punto de inflexión en la dinámica del conflicto.
Cuarta marcha universitaria: ¿qué propone el Gobierno?
El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, confirmó la creación de una comisión para redefinir cómo se distribuye la partida destinada a los centros de salud académicos. El objetivo es establecer criterios objetivos que reemplacen el esquema anterior. Según el Ejecutivo, la UBA concentraba casi el 70% de esos recursos.
Álvarez fue cuidadoso con los tiempos. Aclaró que la comisión iba a conformarse semanas antes y que se anunciará después de la marcha, para que no parezca una concesión bajo presión. “Lo vamos a hacer inmediatamente después de la marcha, no es porque ellos hicieran algo”, remarcó el funcionario.
Por su parte, la ministra Sandra Pettovello anticipó el lanzamiento de una plataforma de auditorías públicas. La herramienta permitirá a cualquier ciudadano consultar en qué gasta cada universidad el presupuesto que recibe. Con este movimiento, el Ejecutivo busca cuestionar el monopolio informativo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Salarios en caída libre y éxodo docente
Mientras el debate político avanza, las cifras salariales pintan un panorama crítico. Según el CIN, los sueldos docentes acumulan una caída cercana al 33% en términos reales desde noviembre de 2023. Esa reducción supera incluso la del sector público en general, que bajó alrededor del 18% en el mismo período.
El economista Javier Curcio, de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, lo graficó de forma contundente: de cada dos pesos que debería cobrar un docente universitario según la ley, cobra uno. El otro lo retiene el Ejecutivo.
En este sentido, las autoridades alertan sobre un éxodo silencioso pero sostenido. Según el CIN, ya renunciaron 10.000 docentes. La UBA registró bajas en varias facultades: 342 en Ingeniería, 438 en Exactas y más de 100 en Agronomía. El decano de Farmacia y Bioquímica, Pablo Evelson, resumió la situación: un jefe de trabajos prácticos con dedicación exclusiva, diez años de antigüedad y doctorado apenas llega al valor de la canasta básica total.
Los hospitales: el nuevo eje de tensión
El Hospital de Clínicas fue el epicentro más visible de las últimas semanas. Su director, Marcelo Melo, afirmó que el establecimiento viene “apagándose” de forma progresiva: recortó seguridad, limpieza y compra de medicamentos. La UBA reclama que el Gobierno no transfirió en lo que va del año los casi $75.000 millones correspondientes a la partida específica de hospitales.
No obstante, Capital Humano sostiene que sí transfirió los fondos de la “función salud”, vinculada a las carreras de Medicina. La disputa, entonces, es sobre qué ítem cubre qué gasto. La nueva comisión prometida apunta precisamente a resolver esa ambigüedad.
Asimismo, los números globales del sistema son elocuentes. El gasto universitario real cayó un 29% entre 2023 y 2025, el nivel más bajo desde 2006. El presupuesto 2026 asignado —$4,8 billones— representa menos de la mitad de los $7,3 billones pedidos por el CIN. La cuarta marcha universitaria llega, entonces, con el sistema en uno de sus momentos de mayor tensión financiera en dos décadas. El desenlace de la pulseada entre el Ejecutivo y las universidades depende ahora de si esa mesa de diálogo prospera — o si la cuarta marcha universitaria se convierte en el prólogo de una quinta.
Con La Nación y Perfil