Caseros, Buenos Aires, Argentina, 22 jul. 2022 (Mi Periódico).- Vecinos del barrio El Libertador se volvieron a manifestar en el Concejo Deliberante de Tres de Febrero contra del proyecto de construcción de una cárcel en cercanías del cruce de las calles Gabino Ezeiza y Rio Tercero, a poco más de 50 metros de sus casas, sobre terrenos que fueron declarados de interés públicos y sujetos a expropiación en el marco de la Ley Provincial 15.208, y de las leyes 14.812 y 15.165 mediante las cuales se declaró y prorrogó el estado de emergencia de seguridad pública y de política y salud penitenciario.
Esta mañana, varios vecinos se reunieron con concejales del distrito, del oficialismo y de la oposición, algunos ausentes con aviso, para expresarle su preocupación y rechazo por el avance del proyecto y construcción de una cárcel, que sin duda va a general múltiples inconvenientes ambientales y de seguridad para el vecindario.
Un barrio, que dicho sea de paso ya viene experimentado la inseguridad, con el aumento de balaceras entre bandas por la disputa de territorios relacionados con la venta de droga, que ya dejo varios muertos y heridos en lo que va del año.
Por otro lado, los vecinos, que cuentan con el apoyo de organizaciones vecinales y de comerciantes, reconocen el problema de superpoblación más alta de la historia que afronta el Servicio Penitenciario Bonaerense en sus unidades carcelarias.
Pero también son conscientes de que la construcción de una cárcel en esa zona, en donde reina la inseguridad, de ninguna manera va a solucionar el problema. Y menos aún va a sacar los presos de las comisarías.
Y prueba de ellos es lo que sucede con las Unidades 46 y 48 ubicadas sobre el caminó del Buen Ayre, en el partido de San Martín, y con la Alcaidía construida en el partido de José C. Paz.
Ambas unidades penitenciarias tienen superpoblación, y a pesar de haber sido construidas con la finalidad de evitar el alojamiento de detenidos en comisarías, lo cierto es que nada de eso sucede. Las unidades están superpobladas y las comisaría de San Martín, Tres de Febrero y José C. Paz, todas del Departamento Judicial de San Martín, siguen alojado detenidos y también registran superpoblación.
Recordemos que la Suprema Corte en la resolución 3341/19 exhortó al Poder Ejecutivo para que “arbitre los medios necesarios para la urgente subsanación de este estado de cosas”, instándolo a constituir una mesa de diálogo que fue conformada por decreto 24/19, a fin de realizar “…un abordaje integral de las condiciones de detención de las personas privadas de la libertad, con arreglo a los parámetros establecidos en el fallo ‘Verbitsky’”.
A consecuencia de ello el Estado provincial elaboró el Plan de Infraestructura Penitenciaria, que incluye la construcción de nuevas unidades y alcaidías en la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde se encuentra alojado el 69,2% de la población.
Si bien es cierto que las vivitas son un derecho para los reclusos, de ninguna manera se puede afirmar que construir unidades penitenciarias alejadas de los centros urbanos puede significar un incumplimiento por parte del Estado a las reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos.
Nada hace suponer que construir una cárcel sobre el Camino del Buen Ayre, junto a las Unidades 46, 47 y 48 del Servicio Penitenciario Bonaerense, en la localidad de José León Suárez, en el partido de San Martín, y a tan sólo 10 minutos de donde se pretende emplazar la nueva cárcel en los fondos del barrio El Libertador, en Tres de Febrero, puede significar la interrupción de los lazos familiares de los reclusos, o generar consecuencias emocionales extremadamente dañinas, con un impacto perjudicial en sus expectativas de reasentamiento.
Afirmar lo contrario sería reconocer que por la relocalización de las cárceles ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires, pertenecientes al Servicio Penitenciario Federal, hacia los complejos penitenciarios de Ezeiza y Marcos Paz, es inapropiado y en consecuencia el Estado nacional estaría violando las Reglas Mínimas del Tratamiento de los Reclusos, adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977, al trasladar a los reclusos a unidades ubicadas a unos 38 y 54 kilómetros, respectivamente, de la Capital Federal.
Que el plan para construir una nueva cárcel en los fondos del barrio El Libertador, en el partido de Tres de Febrero, no parece ser la mejor opción para revertir de manera “urgente y eficiente” la grave situación por la que atraviesa el Servicio Penitenciario Bonaerense, y para terminar con el alojamiento de detenidos en comisarías.
Y prueba de ellos, repetimos, son el fracaso de las Unidades Penitenciarias 46, 47 y 48, de José León Suarez, en el partido de San Martín, y la Alcaidía de José C. Paz, que fueron construidas para ese fin, terminar con el alojamiento de detenidos en comisarías, pero en la realidad las cuatro unidades están superpobladas, y los presos siguen en las comisarías que, también, están superpobladas.
Una vez más los vecinos pusieron el grito en el cielo, y con pancartas en las que se podía leer “No a la cárcel. No a la Alcaidía”, volvieron a pedirle al gobierno provincial y a la municipalidad la relocalización de la unidad penitenciaria.
Nada justifica construir una cárcel en el tramado urbano afectando los barrios, generando más problemas de los que ya de por si existen.
En Tres de Febrero, al igual que en toda la provincia, se cambia el eje del debate vendiendo soluciones que ya se ha demostrado que no sirven.