BUENOS AIRES, 25 de agosto de 2026.- Los prestamistas informales generan una creciente preocupación en los barrios populares, donde “hay familias que piden un préstamo y, como no lo pueden devolver, les toman la casa”, alertó el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso. La preocupación por la inseguridad es uno de los ejes del debate cuando se habla de la provincia de Buenos Aires. Si bien las estadísticas muestran una baja en los homicidios y los robos, la percepción social mantiene el foco sobre esta problemática. Alonso sostuvo que la percepción de los ciudadanos está marcada por el temor y por la necesidad de invertir en sistemas de protección propios. Al mismo tiempo, advirtió que el recorte de fondos nacionales limita la capacidad de respuesta y las inversiones en materia de seguridad.
El impacto de los prestamistas informales y la falta de fondos
“El Gobierno Nacional nos sacó $750.000.000.000 por año, que llegaba para financiar el sistema de seguridad. Son veinte mil millones de dólares menos que tenemos desde que este gobierno nacional llegó”, dijo Alonso en diálogo con Infobae en Vivo Al Amanecer. El ministro describió un escenario donde la gestión provincial debió reorganizar prioridades para sostener el funcionamiento de las fuerzas y el pago de salarios, a pesar de la quita de recursos clave. “Con el decreto 70 eliminaron leyes, el plan de financiamiento de seguridad de la provincia de Buenos Aires, una ley votada en el Congreso. La derogó con un decreto presidencial y dejó de enviarnos el dinero”, detalló.
La situación obliga a la provincia a mantener altos niveles de patrullaje y presencia policial con menos recursos, en un contexto de demanda social creciente. A pesar de las dificultades presupuestarias, Alonso afirmó que la provincia logró mantener la inversión en tecnología y equipamiento mediante la instalación de cámaras de vigilancia.
Usura barrial y situación penitenciaria
Durante su análisis, Alonso puso especial atención en el fenómeno del endeudamiento y la usura promovida por prestamistas informales, donde muchas familias recurren a créditos ilegales ante la imposibilidad de acceder al sistema formal. “Va una familia, pide $200.000, a los quince días tiene que devolver el doble y quince días después tiene que volver un millón. Y si eso no pasa, en cinco o seis meses le toman la casa por la fuerza”, alertó el ministro, destacando que el gobierno trabaja junto a la justicia para desarticular estas organizaciones. Asimismo, señaló que la provincia trabaja en la atención de la salud mental para contener la conflictividad social y reducir el impacto del delito.
Sobre la situación penitenciaria, Alonso aclaró que la administración provincial no define el acceso de celulares a los internos, ya que esa decisión corresponde a los jueces. Además, explicó que se crearon unidades de aislamiento para internos de alto riesgo y consideró necesario actualizar los criterios judiciales para limitar el uso de dispositivos en las cárceles.
Estadísticas de delitos y percepción social
En cuanto al mapa del delito, Alonso sostuvo que la provincia de Buenos Aires no encabeza el ranking nacional de homicidios. El año pasado se registraron 89 homicidios en ocasión de robo, la cifra más baja desde que existe registro oficial. Al comparar con la gestión anterior, destacó que pasaron de un promedio de 1.000 homicidios con María Eugenia Vidal a estabilizarlos por debajo de 800. En cuanto a los robos, indicó una baja del 8% y un descenso del 40% en robos automotores.
Pese a estos datos, el ministro reconoció que la percepción social sobre la inseguridad sigue siendo elevada debido al temor y al rol de la difusión en redes sociales. Para contrarrestarlo, la gestión bonaerense implementó una plataforma integral de monitoreo en tiempo real para el 911 y patrulleros, priorizando la coordinación con los 135 municipios sin distinción partidaria para garantizar una cobertura uniforme.
Con información de Infobae