LA RIOJA, ARGENTINA, 21 de agosto de 2026.- El gobernador Ricardo Quintela firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia n.º 1293/2026. La norma declara por 180 días la emergencia provincial económica, crediticia y social vinculada a las operaciones de crédito para consumo.
La medida también crea un régimen específico de protección para quienes acceden a este tipo de financiamiento. El objetivo es establecer límites frente a prácticas consideradas abusivas y evitar que el endeudamiento comprometa una parte desproporcionada de los ingresos familiares.
“Atravesamos una situación de extrema gravedad que requiere una respuesta concreta del Estado provincial”, afirmó Quintela en sus redes sociales.
Emergencia crediticia en La Rioja: qué establece el DNU
El DNU 1293/2026 apunta especialmente a las operaciones realizadas por proveedores no financieros de crédito, casas de préstamos, prestamistas y otros actores que no están alcanzados por la Ley Nacional de Entidades Financieras n.º 21.526.
El nuevo régimen amplía la intervención del Estado provincial sobre los créditos destinados al consumo. La Rioja ya había aplicado medidas relacionadas con los descuentos salariales.
Ahora suma un marco específico de protección para las personas que recurren a este tipo de financiamiento.
La decisión no busca restringir el acceso al crédito. El objetivo declarado es evitar que una situación de necesidad económica derive en condiciones consideradas desproporcionadas.
Según Quintela, muchas personas ya no solicitan créditos para inversiones o mejoras. Los utilizan para afrontar obligaciones anteriores.
Esta dinámica puede generar una sucesión de refinanciaciones que profundiza el endeudamiento. El gobernador advirtió que los pagos pueden terminar comprometiendo una parte importante de los salarios.
La Rioja suspendió las ejecuciones prendarias
De manera paralela, la provincia promulgó una ley que suspende durante 180 días las ejecuciones prendarias.
La medida alcanza a los procesos en curso donde existen bienes entregados como garantía.
Las ejecuciones prendarias permiten a los acreedores avanzar sobre bienes como autos, motos o maquinaria cuando el deudor incumple una obligación garantizada.
La suspensión busca abrir un período de negociación antes de que se concrete la pérdida del bien.
La norma no elimina las deudas ni modifica los contratos vigentes. Tampoco cancela las obligaciones. Su alcance consiste en frenar temporalmente el proceso de ejecución.
El objetivo declarado es que acreedores y deudores puedan encontrar alternativas durante el período de suspensión.
El antecedente de los préstamos con tasas superiores al 1000%
La decisión del Gobierno riojano tiene como antecedente una investigación realizada semanas atrás por la División de Delitos Económicos.
La pesquisa se inició por una presunta red de préstamos clandestinos que aplicaba tasas superiores al 1000%.
La investigación terminó con la detención de un hombre acusado de otorgar financiamiento ilegal y presionar a una mujer hasta obligarla a ceder un terreno como forma de pago.
Quintela utilizó este caso para justificar la necesidad de reforzar los controles sobre las operaciones de crédito.
El gobernador sostuvo que algunas de las operaciones investigadas presentaban condiciones que calificó como usurarias.
El esquema investigado operaba fuera del sistema financiero formal. Según la información difundida, los prestamistas cobraban intereses elevados y utilizaban presiones extrajudiciales para reclamar los pagos.
Con el nuevo régimen, La Rioja busca reforzar la protección frente a operaciones de crédito consideradas abusivas. La reglamentación determinará las facultades concretas de fiscalización y las sanciones aplicables.
Con información de Iprofesional