BUENOS AIRES, 29 de julio de 2026.- La Sede Fiscal Descentralizada Rafaela y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) Región NEA formalizaron la investigación. La causa es contra los conductores de dos camiones cisterna y un acompañante. Gendarmería los incautó el viernes pasado en un control vehicular. El operativo fue sobre la ruta nacional 34, a la altura de la localidad santafesina de Susana.
El operativo que permitió detectar la cocaína en camiones cisterna fue realizado por el Escuadrón de Seguridad Vial “Rafaela” de Gendarmería Nacional.
El juez de garantías Santiago Saux dispuso la prisión preventiva para los tres por el plazo de 121 días. En la audiencia, los fiscales federales coadyuvantes Gonzalo Ruggeri y Federico Grimm imputaron a los dos conductores y al acompañante. Ruggeri es de PROCUNAR NEA, cuyo titular es Matías Scilabra. Grimm es de la Unidad Fiscal Descentralizada Rafaela, a cargo de Gustavo Onel. Los imputaron por haber integrado una organización transnacional dedicada al tráfico ilícito de estupefacientes. Sus restantes miembros aún no han sido identificados.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal expusieron el caso y detallaron la división funcional de tareas. El transporte por vía terrestre era de 388,500 kilos de clorhidrato de cocaína. Llevaban la droga dentro de mochilas en el interior de los dos camiones, que circulaban en convoy.
Cocaína en camiones cisterna: el hallazgo en la Ruta 34
El hecho fue detectado a la medianoche del 23 de julio en el marco de un operativo público de prevención. Fue realizado por el Escuadrón de Seguridad Vial “Rafaela” de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), a la altura del kilómetro n.º 210 de la Ruta Nacional n.º 34, en jurisdicción de la localidad de Susana, provincia de Santa Fe.
Según sostuvieron los fiscales, los dos rodados, que tenían patente de Bolivia, distribuían los estupefacientes. Al detener uno de los camiones cisterna en el control vehicular, el chofer se negó a la identificación. Tampoco exhibió la documentación requerida por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).
A raíz de esa actitud, un sargento advirtió un fuerte olor a combustible. Los representantes del MPF lo explicaron como una maniobra para disimular el aroma de estupefacientes. Al mismo tiempo, el funcionario de la gendarmería observó cinco mochilas dentro de la cabina.
Cuando le preguntaron sobre el contenido de esos bolsos, el camionero dijo primero que era “ropa sucia”. Luego admitió que guardaba “cosas prohibidas”. Tras la notificación a la Unidad Fiscal Rafaela, tramitaron la autorización ante el juez de garantías para la requisa. El hallazgo fue de 10 mochilas con 228 ladrillos de cocaína, con un peso total de 239 kilos. Estaban distribuidos entre la cabina y la cisterna del camión.
El operativo de Gendarmería en Susana
La información de Migraciones que expuso Fiscalía indicó que el camión ingresó al país por la localidad de Salvador Mazza (en la provincia de Salta) el 22 de julio de 2026 a las 16.54. El segundo vehículo involucrado entró el mismo día a las 16.34, con 20 minutos de diferencia. A su vez, y según los registros, la Aduana de Pocitos aportó imágenes del escaneo de los camiones, que en ese momento estaban vacíos. Ello hizo presumir que habrían incorporado la droga en territorio argentino.
Prisión preventiva por 121 días para los tres imputados
Tras interceptar al segundo camión y luego de la autorización judicial, detuvieron y requisaron al conductor y al acompañante. Constataron que transportaba en el sector de la cisterna seis mochilas idénticas a las anteriores, con 142 ladrillos con resultado positivo para cocaína, con un peso total de 149,500 kilos.
“Los tres imputados obraron con dominio funcional del hecho y distribución de roles orientados a un fin común: recibir la sustancia estupefaciente, coordinar y ejecutar su traslado por vía terrestre en convoy, y concretar su entrega en el destino previsto dentro del país”, remarcaron los fiscales.
En ese sentido, agregaron que “cada aporte, como el acondicionamiento y ocultamiento de la droga, la conducción de los rodados, la vigilancia y coordinación”, resultaron “funcionalmente” necesarios para la realización del plan.
La investigación y la prisión preventiva
Los fiscales calificaron las conductas como coautores del delito de tráfico ilícito de estupefacientes en la modalidad de transporte, agravado por el número de intervinientes, según los artículos 5, inciso C, y 11, inciso C, de la Ley 23.737 de Estupefacientes.
En la audiencia, el fiscal federal coadyuvante Grimm advirtió la existencia de elementos de convicción suficientes, como la organización transnacional donde los imputados tenían dominio funcional del hecho, el peligro de fuga por ausencia de arraigo, la pena en expectativa (seis a veinte años de prisión) y el valor de mercado de la droga estimado en más de $13.500 millones.
El juez dio por formalizada la imputación en orden a los hechos, evidencias y calificación legal expuesta por la fiscalía e hizo lugar al planteo de medida de coerción. Al resolver, conforme a lo solicitado por el MPF, ordenó la prisión preventiva por 121 días (igual plazo establecido para la investigación) para los tres. Consideró la medida más adecuada para asegurar su sometimiento al proceso y evitar el entorpecimiento de la investigación.