BUENOS AIRES, 24 de junio de 2026.- El oficialismo logró aprobar y convertir en ley en la Cámara de Diputados el proyecto que autoriza el plan de pago a los dos últimos grupos de acreedores con demandas activas contra el Estado nacional por el default de la deuda de 2001.
Con 139 votos a favor y 97 en contra, la iniciativa recibió la sanción que le restaba para convalidar los acuerdos de conciliación celebrados con los tenedores de deuda.
La votación se concretó a pocos días del 30 de junio, último día del plazo acordado con los fondos buitre.
Las claves del acuerdo con los holdouts
El acuerdo implica pagar US$67 millones a Bainbridge Ltd. y US$104 millones al grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP.
El pago se realizará en simultáneo con la acreditación de bonos libres de todo gravamen para su inmediata cancelación y extinción.
El entendimiento adopta el mecanismo internacional de Entrega contra Pago (DVP). Bajo ese esquema, los fondos se liberarán al mismo tiempo que se cancelen los bonos.
Además, se estableció que los holdouts afrontarán los costos legales derivados del litigio.
También se incorporó una cláusula de standstill. Esta cláusula impide nuevas acciones legales o interferencias en operaciones financieras argentinas hasta completar la operación.
Qué cambia tras la aprobación del Congreso
La aprobación del Congreso permite dejar sin efecto medidas de ejecución y embargos que tramitaban en la Justicia de Estados Unidos.
Las medidas alcanzaban activos soberanos argentinos, incluidas acciones de Banco Nación y Aerolíneas Argentinas.
La defensa del oficialismo
El miembro informante del oficialismo, Bertie Benegas Lynch, sostuvo que el pago a los dos fondos permitirá cerrar después de 25 años “esta herida de deshonra internacional”.
Además, acusó al kirchnerismo de haber votado una cesación de pagos y vinculó esa decisión con la ley de Pago Soberano de 2014.
Al defender el dictamen de mayoría, afirmó que el país atravesó procesos de Discovery y embargos judiciales.
También destacó que en la negociación se consiguió una quita del 30% sobre el remanente reclamado.
Según señaló, el Estado quedó eximido de pagar honorarios legales.
Benegas Lynch también valoró que los acreedores se comprometieran a no iniciar nuevas acciones judiciales.
Además, advirtió que rechazar el proyecto reactivaría litigios y aceleraría instancias judiciales.
Las críticas de la oposición
El diputado de Unión por la Patria Itai Hagman sostuvo que el proyecto constituye un paso hacia un nuevo ciclo de endeudamiento.
También cuestionó el proceso de negociación y afirmó que el Estado negoció sin conocer inicialmente sobre qué títulos discutía.
Además, sostuvo que hubo más información disponible en reportes del FMI que en comunicaciones oficiales.
Miguel Pichetto rechazó el proyecto y cuestionó que no se detallara el origen del financiamiento.
También señaló que el texto no incorpora una asignación presupuestaria específica.
Desde el Frente de Izquierda, Néstor Pitrola reiteró la postura de romper con el FMI y desconocer soberanamente la deuda.
Por último, Germán Martínez cuestionó que el Gobierno no informara el monto original de los bonos.
Sostuvo que ese dato era necesario para determinar si el monto acordado era correcto.
El cierre del debate y el impacto sobre YPF
En el cierre del debate, Silvana Giudici destacó que los dos fondos cuentan con sentencia firme dictada por la Justicia de Estados Unidos.
Además, remarcó que el Gobierno negoció una quita sobre esos montos.
Giudici explicó que el acuerdo contempla la devolución de acciones clases A, B y D de YPF.
Según afirmó, esto permitirá reducir el riesgo de futuros embargos sobre activos soberanos.