la grabación de la declaración del fundador y director ejecutivo de Meta Platforms, Mark Zuckerberg,
el miércoles 4 de marzo de 2026, en Santa Fe, Nuevo México (Jim Weber/Santa Fe New Mexican vía AP, Pool).
NUEVO MÉXICO, EE. UU., 25 de marzo de 2026.- Un jurado de Nuevo México determinó que Meta debe pagar la suma de 375 millones de dólares tras ser hallada responsable de engañar a los adolescentes sobre la seguridad en sus redes sociales. En este sentido, el tribunal de Santa Fe marcó un precedente mundial en la industria tecnológica.
El panel de 12 personas concluyó que la firma de Mark Zuckerberg violó leyes fundamentales de protección al consumidor. Bajo esta premisa, el fiscal general Raúl Torrez sostuvo que la compañía priorizó sus ganancias corporativas por sobre la integridad de los usuarios más jóvenes durante años.
Meta debe pagar: los detalles de la investigación encubierta
La demanda surgió tras una investigación donde se crearon cuentas falsas que simulaban ser niños en Facebook e Instagram. No obstante, los resultados fueron alarmantes: esos perfiles recibieron material explícito y fueron contactados por redes de trata, confirmando las sospechas sobre la vulnerabilidad del sistema.
Asimismo, durante las seis semanas que duró el juicio, se presentaron pruebas de que la empresa ignoró datos internos críticos. Según el estado, las plataformas se transformaron en un mercado digital para depredadores. Por su parte, la empresa intentó defenderse argumentando que nunca garantizó una seguridad total en internet.
Incluso el propio Mark Zuckerberg debió brindar testimonio mediante una videodeclaración grabada ante el jurado. En este contexto, el CEO afirmó que la empresa trabaja constantemente en mejoras, mientras el fiscal Torrez celebró la sentencia indicando que Meta debe pagar por poner el lucro sobre la vida.
El impacto económico y legal para las grandes tecnológicas
La sentencia de 375 millones de dólares representa una victoria política para la fiscalía, aunque la cifra es menor a los 2.000 millones solicitados inicialmente. Asimismo, este fallo es apenas el comienzo de una serie de litigios similares que la compañía enfrenta en otros estados, como California.
Finalmente, el juez Bryan Biedscheid iniciará en mayo la segunda fase del proceso judicial para evaluar medidas adicionales. Bajo esta premisa, se buscará determinar si la empresa constituye una “molestia pública” y debe financiar programas de recuperación.