Buenos Aires, 9 de febrero de 2026.- El juez federal Sebastián Casanello procesó hoy a Diego Spagnuolo por la causa de las coimas en la Agencia de Discapacidad. El magistrado señaló al ex titular de la ANDIS como el presunto jefe de una asociación ilícita. Además, Spagnuolo enfrenta cargos por negociaciones incompatibles con la función pública y defraudación agravada.
El entramado de corrupción en la ANDIS
Esta resolución judicial alcanzó a otros 18 acusados en una investigación que suma nuevas declaraciones indagatorias. Por consiguiente, Casanello logró reconstruir la actividad de una organización criminal compleja. Este grupo integraba a funcionarios estatales y también a diversos actores privados. En efecto, ambos sectores buscaban ganancias millonarias mediante la adjudicación indebida de contratos.
Asimismo, el esquema delictivo utilizaba un sistema de retornos con varias droguerías implicadas. Por este motivo, estas empresas vendían medicamentos con sobreprecios al Estado. La justicia detectó que este mecanismo era el corazón de las coimas en la Agencia de Discapacidad que permitieron el enriquecimiento de los funcionarios.
La cooptación del organismo público
De igual importancia, la investigación judicial desarmó un entramado de corrupción institucional sin precedentes. Operadores externos y las máximas autoridades del organismo actuaban de forma mancomunada. Debido a esto, los miembros de la red criminal cooptaron la institución para su propio beneficio ilícito.
En resumen, este accionar perjudicó directamente la finalidad pública de la entidad. Sin duda, la misión central de la Agencia es garantizar la protección de las personas en situación de discapacidad. Sin embargo, los imputados actuaron sistemáticamente para sostener la estructura de las coimas en la Agencia de Discapacidad.
Medidas económicas y embargos
“[La Agencia] fue cooptada y empleada como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación”.
El alcance de la responsabilidad política
Por otro lado, Casanello procesó a Spagnuolo, Daniel Garbellini, Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian como jefes de la banda. Aunque los acusados seguirán el proceso en libertad, el juez dictó un embargo de 202.247.451.393 millones de pesos sobre sus bienes.
Finalmente, el magistrado advirtió que lo descubierto hasta ahora es solo una parte del esquema. Por esta razón, la magnitud de las cifras sugiere que la responsabilidad política podría escalar. Actualmente, existen sospechas de otros niveles de complicidad que la justicia aún debe esclarecer.