Buenos Aires, 13 de enero de 2026 (Mi Periódico).- Lejos de tratarse de un hecho aislado, la situación se repite en el mismo punto que ya había sido denunciado públicamente días atrás. La persistencia de los basurales y la quema de residuos en una zona urbana consolidada plantea interrogantes sobre los mecanismos de control, prevención y sanción que el municipio debería aplicar. La ausencia de respuestas concretas no solo agrava el deterioro ambiental y sanitario, sino que consolida una percepción de impunidad que termina trasladando el costo del desorden a los vecinos.
A cinco días de que los vecinos reclamaran soluciones concretas para erradicar el microbasural y los reiterados incendios de vehículos robados en el cruce de las calles Güemes y Belgrano, en el barrio UTA, la situación no solo sigue sin resolverse, sino que se agravó de manera alarmante, en un contexto marcado por la inacción de las autoridades municipales, policiales y judiciales.
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Lejos de prevenir el riesgo, al día siguiente del reclamo, personas desconocidas incendiaron las montañas de basura acumuladas en el lugar. El fuego generó un humo denso y penetrante que cubrió gran parte del barrio y obligó a realizar reiterados llamados a los servicios de emergencia. La respuesta estatal volvió a llegar tarde y de forma insuficiente.
Los Bomberos del Destacamento de Loma Hermosa intervinieron el viernes para sofocar las llamas, pero horas más tarde el fuego volvió a reactivarse. La falta de tareas de remoción y saneamiento del predio convirtió la zona en una trampa ambiental, con una atmósfera irrespirable que se prolongó durante todo el fin de semana y expuso a los vecinos a un riesgo sanitario permanente.
Mientras tanto, la Policía no avanzó con el secuestro de las carrocerías de vehículos robados, abandonadas, desmanteladas e incendiadas en el lugar, pese a tratarse de elementos vinculados a delitos graves y a reiterados pedidos vecinales. La pasividad policial contribuyó a que el foco del conflicto se mantuviera activo.
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Este martes, pasadas las 11 de la mañana, el fuego volvió a encenderse entre los residuos, generando una nueva y espesa columna de humo que provocó alarma en todo el barrio. Los más afectados fueron niños y personas con discapacidad, quienes sufrieron con mayor intensidad las consecuencias de la contaminación y la falta de control.
En la imagen puede observarse a los bomberos intentando controlar las llamas. Sin embargo, la carencia de maquinaria y recursos para remover los residuos hace que el fuego pueda reactivarse en cualquier momento, reproduciendo una situación de emergencia permanente.
La zona permanece fuera de control. El microbasural, los incendios recurrentes, la presencia de vehículos robados y la venta de droga configuran un escenario de caos sostenido, frente a un Estado que no solo falla en su rol preventivo, sino que parece haber renunciado a garantizar la vigencia de la Constitución Nacional. Entre los derechos vulnerados se encuentra el derecho a un ambiente sano, consagrado en el artículo 41 de la Carta Magna, que obliga a las autoridades a proteger la salud, la seguridad y la calidad de vida de la población.
La inacción ya no puede explicarse como desidia o falta de recursos. Se trata de una cadena de responsabilidades incumplidas que involucra a autoridades municipales, policiales y judiciales. La Municipalidad, lejos de ser ajena a la situación, conoce plenamente lo que ocurre y, por acción u omisión, se ha convertido en parte del problema, permitiendo que el basural crezca, que los incendios se repitan y que el lugar funcione como depósito y quema de vehículos robados.
Más grave aún es el silencio del Poder Judicial. Las fiscalías, que deberían actuar con celeridad ante hechos que ponen en riesgo la vida, la salud pública y el ambiente, parecen mirar hacia otro lado. No hay órdenes eficaces, no hay secuestros, no hay respuestas claras. Nadie explica de qué lado están. La falta de intervención real transmite un mensaje peligroso: que en algunos barrios la ley no rige y que los derechos constitucionales son negociables.
Sin embargo, los vecinos no van a bajar los brazos. Lejos de resignarse, continúan denunciando, reclamando y exigiendo respuestas. Porque saben que el abandono estatal no es una fatalidad, sino una decisión. Y porque entienden que cuando el Estado se retira, el caos avanza. La responsabilidad es concreta, tiene nombres, cargos y funciones, y tarde o temprano deberá ser asumida.