Buenos Aires, 8 de enero de 2026.- El miércoles 7 de enero, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires realizó el desalojo de un predio en Parque Avellaneda, donde operaba una planta de reciclaje gestionada por la cooperativa El Amanecer de los Cartoneros. El espacio había sido ocupado hace más de diez años por la cooperativa vinculada al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que lo utiliza para sus actividades de reciclaje. La administración porteña considera la ocupación como ilegal, lo que motivó la intervención.
La postura de Macri y la defensa de la propiedad
El jefe de Gobierno, Jorge Macri, defendió la medida a través de sus redes sociales, donde compartió un video del operativo y subrayó que el predio había sido “recuperado”. Según Macri, la ocupación ilegal del terreno comenzó en 2013, lo que le permitió justificar la acción como parte de una serie de desalojos de propiedades usurpadas. “Recuperamos la propiedad número 553”, escribió el funcionario.
Reacción de Grabois y el MTE
Por su parte, Juan Grabois, dirigente social y líder del MTE, rechazó el desalojo y acusó a Macri de atacar a “gente humilde” que solo busca trabajar. En sus redes, Grabois destacó que el gobierno porteño había cedido el terreno a la cooperativa hace más de 15 años para fines de reciclaje. Además, defendió la legalidad de la ocupación y la función social que cumple la planta. “Los trabajadores que operan allí son parte de una solución ambiental y social”, afirmó Grabois.
La actividad de la cooperativa y el impacto en los trabajadores
El MTE emitió un comunicado en el que destacó que la planta recupera más de 100 toneladas de material reciclable cada mes. Entre esos materiales, se incluyen 25 toneladas de retazos de tela. Además, la cooperativa emplea a 200 trabajadores, cuyos puestos de trabajo quedaron en riesgo con el desalojo. El movimiento denunció que el desalojo también pone en peligro el sistema de reciclaje que beneficia a la Ciudad.
La intervención del gobierno porteño
El operativo fue llevado a cabo por agentes del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, en coordinación con la Policía de la Ciudad. Las autoridades informaron que el predio será entregado a la Dirección General de Administración de Bienes del Ministerio de Hacienda y Finanzas, que determinará su futuro uso.
La visión del gobierno sobre la ocupación ilegal
Ignacio Baistrocchi, ministro de Espacio Público e Higiene Urbana, justificó la medida y explicó que el gobierno porteño no tolerará más usurpaciones. Según Baistrocchi, la Ciudad tiene el derecho y la obligación de recuperar los espacios públicos y garantizar el orden. “Las normas están para cumplirse”, subrayó.