Buenos Aires, 28 de noviembre de 2025.- La Cámara Federal de Casación Penal resolvió que la contaminación con efluentes cloacales en Rosario puede encuadrar en el régimen penal de residuos peligrosos y ordenó continuar la investigación por los vertidos en el río Paraná. La Sala IV anuló el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, que había revocado los procesamientos de cinco exdirectivos de Aguas Santafesinas S.A. (ASSA) imputados por el vuelco de efluentes tóxicos sin tratamiento adecuado, según informó el Ministerio Público Fiscal de la Nación en su sitio en línea Fiscales.gob.ar.
Los camaristas Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos concluyeron que la resolución apelada no evaluó de manera completa el alcance de la Ley 24.051 sobre residuos peligrosos. La Cámara rosarina había descartado la figura penal al considerar que ASSA no es una empresa industrial, sino un prestador de servicios públicos, y que los efluentes cloacales no encajan en la categoría de residuos peligrosos prevista por la norma.
Casación aclaró que ninguna actividad queda al margen de las obligaciones ambientales por el solo hecho de integrarse a un servicio público y recordó que el derecho a un ambiente sano rige para todas las actividades productivas. Señaló además que la propia función de ASSA, basada en la gestión y tratamiento de líquidos, exige preservar los recursos hídricos. El Tribunal destacó que la definición legal de residuo peligroso es más amplia que la interpretación adoptada por la Cámara rosarina, que había recurrido a una acepción del Diccionario de la Real Academia Española en lugar de remitirse al texto legal.
La causa investiga las descargas de unos 350 millones de litros diarios de efluentes cloacales entre septiembre de 2018 y octubre de 2021 desde la Planta de Recepción Emisario Sur, ubicada en la zona sur de Rosario. Los peritajes de la División de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina y de técnicos judiciales detectaron altos niveles de coliformes, presencia de escherichia coli y valores elevados de plomo y níquel en los puntos de vertido y aguas abajo. Según los informes, los residuos analizados contenían microorganismos o toxinas capaces de provocar enfermedades en humanos y animales.
La investigación, dirigida por los fiscales federales Matías Scilabra y Federico Reynares Solari junto con equipos de la Unidad Fiscal Rosario y la UFIMA, comenzó en 2021 tras la denuncia de la Asociación Civil Cuenca Río Paraná, que también actúa como querellante. La entidad advirtió sobre los vuelcos sin tratamiento por parte de ASSA, responsable del servicio de agua potable y cloacas para casi dos millones de habitantes.
En mayo de 2024, el Juzgado Federal n.º 3 procesó a los exintegrantes del directorio Hugo Morzán, Marisa Gallina, Alfredo Menna y Darío Corsalini, y al exgerente Gustavo Actis, por contaminar el río Paraná de forma peligrosa para la salud y el ambiente, en el marco del artículo 55 de la Ley 24.051, que prevé penas de tres a diez años de prisión. Sin embargo, la Cámara Federal de Rosario revocó los procesamientos al considerar que los efluentes cloacales no integran la categoría de residuos peligrosos y que no se había demostrado un perjuicio concreto a la salud pública o al ambiente.
Tanto el Ministerio Público Fiscal como la querella presentaron recursos de casación al considerar arbitraria la decisión y señalaron errores en la interpretación de la ley y en la valoración de la prueba. Luego de que esos recursos fueran declarados inadmisibles, ambas partes acudieron en queja ante Casación. El fiscal general Raúl Pleé impulsó la revisión del caso, que finalmente derivó en la anulación del fallo y en la orden de dictar un nuevo pronunciamiento.
La decisión de Casación reabre un expediente clave sobre la contaminación del río Paraná y reinstala la discusión sobre la responsabilidad penal en los vertidos cloacales sin tratamiento.