Buenos Aires, Argentina, 5 de agosto de 2025.- La tragedia sanitaria provocada por fentanilo contaminado, que dejó al menos 74 muertos en Argentina, reveló un complejo entramado empresarial vinculado al laboratorio HLB Pharma Group, responsable de producir y distribuir el medicamento. La justicia federal investiga el caso, mientras se siguen recuperando ampollas del mercado para frenar el daño.
Dos lotes de fentanilo contaminado con bacterias multirresistentes fueron distribuidos en centros de salud de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según las autoridades, estos productos causaron la muerte confirmada de 68 personas y dejaron 19 pacientes infectados. Los fallecimientos, en su mayoría, se dieron en unidades de cuidados intensivos donde se administró el opiáceo como analgésico o sedante.
El fentanilo, un opioide sintético de uso hospitalario, contenía en varias ampollas restos de Ralstonia pickettii y Klebsiella pneumoniae. Ambas bacterias fueron identificadas durante una investigación forense que vinculó los fallecimientos, inicialmente atribuidos a paros cardiorrespiratorios, con el uso del medicamento.
La causa está bajo la órbita del Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 3 de La Plata, conducido por el juez Ernesto Kreplak, quien en mayo ordenó una serie de medidas urgentes para evitar más muertes. Entre ellas, se destacó el retiro de los lotes aún activos y la apertura de una investigación patrimonial a los responsables.
La justicia identificó un “entramado societario complejo” en torno a HLB Pharma Group, que involucra al menos nueve firmas y actividades comerciales no necesariamente relacionadas entre sí. El juez considera que podrían haberse desplegado maniobras destinadas a ocultar conductas ilícitas. En el centro de la red aparece Ariel García Furfaro, titular de la empresa, junto a familiares suyos que figuran como socios, y otros partícipes del proceso productivo.
Uno de los investigados es Jorge Salinas, señalado como accionista de una empresa vinculada a la producción de fentanilo para HLB Pharma y socio de Furfaro en la adquisición del laboratorio Apolo, escenario de una explosión en 2016 que dejó cinco heridos. La justicia realizó 22 allanamientos, incautando documentos, dispositivos electrónicos, un arma de fuego y 29 palets de medicamentos transportados por un camión de una empresa de alimentos.
Todos los sospechosos tienen prohibido salir del país, están sujetos a una investigación patrimonial y sus bienes fueron embargados.
La alerta sanitaria se desató en abril de 2025, cuando el Hospital Italiano de La Plata detectó un brote de infecciones respiratorias inusuales entre pacientes internados en terapia intensiva. Los análisis microbiológicos permitieron vincular estos casos con ampollas de fentanilo contaminadas.
No fue la primera señal de alarma. En 2023, la infectóloga Florencia Prieto, desde Concordia (Entre Ríos), ya había denunciado a HLB Pharma tras hallar Ralstonia en ampollas de dexametasona. Prieto retiró los lotes del mercado y elevó la denuncia a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Sin embargo, el organismo respondió que el producto “reunía las condiciones correctas”.
Prieto considera que si ANMAT hubiera actuado con mayor severidad, podría haberse evitado la tragedia actual. La omisión no fue aislada: fuentes judiciales confirmaron que HLB Pharma acumula 267 expedientes ante ANMAT, de los cuales 117 corresponden a desvíos de calidad en medicamentos e insumos.
En febrero de 2025, antes de conocerse las muertes, ANMAT ya había bloqueado la producción del laboratorio por deficiencias graves en el sistema de gestión de calidad. No obstante, los lotes contaminados ya estaban en circulación. Recién en mayo, tras el inicio de la crisis, el organismo prohibió la comercialización de todos los productos de la firma a nivel nacional y publicó una lista de violaciones a las buenas prácticas de fabricación.
Adriana Francese, abogada de familiares de víctimas, sostuvo que “se debió adoptar una actitud más severa con estas empresas para que no sucediera esta desgracia”.
Giovanni Benavídez, un bebé de tres meses, permanece internado en estado crítico
Uno de los casos más impactantes ocurrió en Córdoba. Giovanni Benavídez, un bebé de tres meses, permanece internado en estado crítico desde su nacimiento en la clínica Vélez Sarsfield. Su madre, Sol Basualdo, relató que su hijo fue sedado con fentanilo a las pocas horas de vida por complicaciones respiratorias. El deterioro de su salud coincidió con la fecha en la que ANMAT emitió la alerta nacional por contaminación del producto.
Giovanni nació por cesárea el 26 de abril. A las dos horas fue ingresado a neonatología con una saturación de oxígeno del 86%. Los médicos decidieron intubarlo y sedarlo. El 9 de mayo, tras la alerta de ANMAT, el bebé sufrió una descompensación y los médicos cambiaron la sedación por morfina. Luego se confirmó que había contraído Klebsiella, una de las bacterias halladas en el fentanilo distribuido por HLB Pharma y Ramallo S.A. La madre asegura que la jefa de neonatología le confirmó el origen del contagio.
Basualdo también denunció irregularidades en la historia clínica de su hijo, ya que faltaban los estudios del embarazo, del parto, así como análisis infectológicos y placas. La clínica había adquirido 1.700 ampollas de uno de los lotes contaminados. Parte de esa partida fue utilizada antes de la alerta sanitaria y al menos cuatro historias clínicas fueron remitidas a la justicia, incluyendo un caso de fallecimiento.
“La situación se complicó cuando el 4 de mayo nos dijeron que Giovanni había sido invadido por una bacteria y que sus chances de vida eran mínimas”, explicó el abogado de la familia, Carlos Nayi. Aseguró que la clínica notificó al Ministerio de Salud de Córdoba, pero nunca recibió respuesta. Por esa razón, presentaron una denuncia penal que apunta a determinar si hubo negligencia por parte de las autoridades sanitarias nacionales, provinciales y del propio centro médico.
La acusación incluye posibles delitos contra la seguridad pública, como el envenenamiento. El letrado considera clave que la justicia actúe con rapidez para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. Mientras tanto, Giovanni continúa luchando por su vida. Sus padres pidieron una cadena de oración y esperan poder llevarlo a casa. El bebé necesita una cirugía de alta complejidad que ya fue autorizada tras superar trabas con la obra social.
Hasta la fecha, se distribuyeron 154.530 ampollas del lote 31.202, producido el 18 de diciembre de 2024. De ellas, 42.617 aún no fueron localizadas. Las autoridades continúan con el operativo de recuperación de las dosis. El juez Kreplak y la fiscal María Laura Roteta siguen al frente de la investigación federal, mientras el número de víctimas fatales asciende a 74.
Con EFE y Cadena3