Buenos Aires, 22 de julio de 2025 (EFE).- Abogadas especialistas en género advirtieron que existe un retroceso en el acceso a la justicia de las víctimas de violencia de género en Argentina y señalaron que el incremento de denuncias del 9 % durante el primer trimestre de 2025, registrado por la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), responde al desmantelamiento de otros espacios de atención.
«Estamos en un momento donde lo que está en crisis es el acceso a la justicia porque se han eliminado casi la totalidad de los espacios para poder realizar denuncias, incluso para el acompañamiento de mujeres en situación de violencia», dijo a EFE Melisa García, abogada y fundadora de Abofem Argentina, una asociación que acompaña a víctimas de violencia de género.
La OVD informó que en el primer trimestre de 2025 recibió 2.643 denuncias que involucraron a 3.331 personas afectadas, de las cuales el 73 % eran mujeres.
Además, se atendieron 2.103 consultas informativas, lo que representa un 4 % más que en el mismo período del año anterior. La mayoría de las personas atendidas fueron mujeres de entre 18 y 59 años (52 %), seguidas por niñas, niños y adolescentes (29 %), con una edad promedio de 9 años.
«El registro que hace la Oficina de Violencia Doméstica es producto de las denuncias que se concretan directamente en el servicio, que haya un incremento no es algo casual», sostuvo García y señaló: «Con la eliminación de los recursos u otros discursos disponibles, también se concentran en los que siguen vigentes un aumento de denuncias en ese lugar específicamente».
Los ajustes del Gobierno de Argentina a la justicia
Como parte de su plan de ajuste el Gobierno de Javier Milei cerró, en 2024, 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) , que brindan asistencia legal gratuita a personas en situación de vulnerabilidad en todo el país.
La medida generó preocupación y críticas por parte de organizaciones sociales y de derechos humanos, quienes advirtieron sobre un retroceso en el acceso a la justicia para los sectores más desfavorecidos.
La Asociación Civil por el Acceso a la Justicia (ACIJ) afirmó sobre el cierre: “Las instituciones tradicionales del sector justicia no se ocupan -o llegan muy tarde, de manera fragmentada y a través de caminos largos, rígidos, sinuosos, costosos y generalmente poco efectivos- de dar respuestas a muchos de los problemas que afrontan las comunidades”.
Además, las abogadas feministas afirmaron: «Con este Gobierno que tiene un claro discurso, y también un pasaje a la acción, de la eliminación del acceso a la justicia y de negar los derechos humanos, a las violencias, las personas tienen menos espacios donde ir a denunciar».
Las violencias negadas
Según el relevamiento de la OVD, el 71 % de las personas denunciadas fueron varones, en su mayoría de entre 22 y 49 años. Los vínculos más frecuentes entre víctimas y agresores fueron los de pareja o expareja (47 %), seguidos por los vínculos filiales (33 %). La violencia psicológica estuvo presente en el 95 % de los casos.
Desde Abofem, organización con siete años de trabajo, observan además un cambio en los perfiles de las víctimas: «Se han ampliado a lo largo de este tiempo los motivos por los cuales denuncian. Hoy no solamente vemos casos de violencia en el ámbito familiar, sino otro tipo de violencias, incluso en ámbitos laborales o institucionales».
Muchas víctimas, aseguraron, no se animan a denunciar por temor o descreimiento ante un sistema judicial “revictimizante” y con escasa capacidad de respuesta.
«Hoy es tan grosero lo que sucede en la falta de independencia judicial, en la falta de respuesta, muchas personas optan por no denunciar. El trato, la resolución y la posibilidad real de frenar la violencia están cada vez más complicadas», destacó la letrada.