EL SALVADOR, 28 MARZO 2024.- Al norte de Chalatenango, en El Salvador, dos activistas de la Fundación Tamarindo fueron detenidos por militares. Además, se llevaron a una mujer y su hija de 7 años, de las que se desconoce su paradero. Todo ocurrió el fin de semana del 23 y 24 de marzo. Ellos forman parte de una larga lista de detenciones denunciadas como arbitrarias y que se han dado desde que inició el régimen de excepción, hace dos años. El propio presidente, Nayib Bukele, resaltó el envío de 5.000 policías y un millar de soldados a cuatro regiones del norte.
Han pasado dos años desde que Bukele expidió el Decreto Legislativo N.º 333. Con él, instauró, por primera vez, un estado de excepción que se ha prorrogado 24 veces, con el voto favorable de la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, pese a las críticas por una supuesta vulneración de derechos humanos desde su vigencia.
El Salvador lleva más de 700 días militarizado y en una guerra contra las pandillas que ha atemorizado a sus habitantes por varios años.
En el segundo mandato de Bukele, en el que ganó de manera abrumadora en febrero pasado, la crisis de derechos humanos se podría profundizar, según varias organizaciones locales e internacionales, como Amnistía Internacional.
“Nos preocupa profundamente el deterioro en el respeto y la protección de los derechos humanos bajo el Gobierno de Nayib Bukele y la probabilidad de que esta tendencia se consolide durante su segundo mandato. En los últimos cinco años hemos observado la grave crisis provocada por un modelo de gobierno que promovió violaciones masivas de derechos humanos y la evasión de mecanismos de rendición de cuentas, tanto a nivel nacional como internacional”, dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, tras la reelección de Bukele.
No obstante, desde el Gobierno, defienden la medida con cifras: más de 78.000 detenciones, el decomiso de 3.939 armas de fuego y 8.000 vehículos a las pandillas.
“El régimen de excepción vino a transformar El Salvador en materia de seguridad. Ahora, nuestra población vive en verdadera paz y libertad”, agregó Villatoro. Una paz y libertad que no ha llegado a más de 6.000 personas que han presentado denuncias ante organizaciones locales por las detenciones arbitrarias, desapariciones y de familiares de los más de 200 muertos en custodia estatal. Sin embargo, el Gobierno de Bukele, dicho por Villatoro, es claro: “esta guerra en contra de estos terroristas va a continuar”.
Vulneración de derechos: ¿daño colateral?
El Salvador integra junto a Guatemala y Honduras el llamado Triángulo Norte centroamericano, considerada una de las zonas más violentas del mundo, debido tanto al aumento del narcotráfico y la presencia de aliados de los carteles mexicanos, como a la debilidad de las instituciones estatales, según Naciones Unidas.
El Salvador se convirtió en 2015 en el país más violento del mundo, con una tasa de homicidios de 103 por cada 100.000 habitantes y, tras esta escalada, las cifras comenzaron a bajar en 2016, pero las caídas más marcadas de estos delitos se dieron desde 2019, año en el que Nayib Bukele llegó al poder.
La reducción de las muertes violentas, llegando incluso a tener varios días sin ningún asesinato, ha sido otra justificación del Gobierno para seguir con esta medida. Para el ministro de Defensa, René Francis Merino, el “daño colateral” de esta estrategia “ha sido mínimo”.
Lo que llama “daño colateral” han sido los miles de denuncias por vulneración de derechos, sobre todo, en zonas rurales. Según Amnistía Internacional, hasta febrero de 2024, se han registrado 327 casos de desapariciones forzadas, más de 78.000 detenciones arbitrarias, con cerca de 102.000 personas privadas de libertad en el país. Además, alertan de un hacinamiento carcelario de casi el 148%, y, al menos, 235 muertes bajo custodia estatal.
La organización expresó su preocupación, precisamente, por declaraciones como las del ministro de Defensa. Una tendencia que ha mantenido el Gobierno salvadoreño de “minimizar, ocultar, deslegitimar y negar los señalamientos provenientes de diversos actores, tanto nacionales como internacionales, con respecto a las graves violaciones que se han documentado”.
Las autoridades insisten en que ha sido uno de los mayores logros de su Gobierno reducir la criminalidad a niveles mínimos, con miras a ser el lugar más seguro del hemisferio occidental.
Pero el estado de excepción, como una medida permanente, también fue cuestionado por las Naciones Unidas. En marzo de 2023, cuando se cumplió un año, la portavoz de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Marta Hurtado, pidió al Estado “que garanticen que no se arreste a personas sin autorización legal suficiente”.
Las organizaciones locales e internacionales alertan que la concentración de poder, sin el contrapeso de ninguna institución nacional, profundiza las preocupaciones de la población civil. Amnistía Internacional alertó que “no puede ser un éxito reducir la violencia pandilleril sustituyéndola por violencia estatal”.
Las pandillas, un fenómeno considerado una herencia de la guerra civil (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, han resistido a diferentes planes salvadoreños de encarcelamiento masivo, confrontación directa y diálogo de los últimos Gobiernos.
Con EFE y medios locales.