Por Maximiliano Pérez Gallardo
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, 10 MARZO 2024.- Casi una década después de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa (México), el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a pesar de sus continuas promesas, sigue sin proporcionar respuestas claras sobre lo ocurrido esa madrugada del 27 de septiembre de 2014 en la localidad de Iguala, Guerrero. La muerte de otro normalista ha agravado la herida histórica.
El país amaneció el 8 de marzo con la noticia del asesinato de Yanqui Rothan Gómez Peralta, estudiante de la escuela normal ‘Raúl Isidro Burgos’ de Ayotzinapa (la misma casa de estudios de los 43 desaparecidos), como resultado de un “enfrentamiento”, según autoridades locales, con la Policía estatal de Guerrero en la capital, Chilpancingo.
Según la versión policiaca, Gómez Peralta, junto con otros cuatro sujetos, iba a bordo de una camioneta que presuntamente había sido reportada como robada, por lo que los uniformados les pidieron descender del vehículo.
Los jóvenes hicieron caso omiso y los policías decidieron disparar, acabando con la vida de Gómez Peralta, hiriendo a otro ocupante y arrestando a otro más, del que no se sabe su paradero. El relato de los policías es que los jóvenes estaban armados y que alcanzaron a intercambiar fuego durante el suceso.
La Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ya se encuentran investigando el caso, ante las acusaciones de los familiares de Gómez Peralta, que señalan a las autoridades de sembrar evidencia y crear delitos.
Entre tanto, el jefe de Estado mexicano hizo un llamado a las investigaciones sobre el caso.
“Sí hay esta vinculación, esta relación (con Ayotzinapa). Hemos decidido en el gabinete de seguridad que para aclarar bien lo sucedido, castigar a responsables, que se solicite a la Fiscalía General de la República que atraiga el caso, vamos a pedir de manera respetuosa, para que se investigue bien”, expresó López Obrador este 8 de marzo.
Los llamados del presidente a que “se investigue bien” llaman la atención de un gran sector de la sociedad mexicana, especialmente por la reciente confrontación pública que protagonizó con las familias de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, que ya no confían en la palabra del mandatario.
La relación entre los familiares de los desaparecidos y AMLO se fractura
El pasado miércoles 6 de marzo, decenas de allegados a los normalistas desaparecidos hace más de 10 años, junto con manifestantes afines a su lucha, irrumpieron en las inmediaciones de Palacio Nacional para mostrar su rechazo a los supuestos avances en la investigación sobre lo ocurrido en Ayotzinapa.
Durante la manifestación, en la que los participantes derribaron la puerta de la residencia presidencial, también se exigió una reunión personal con el mandatario para dialogar sobre su papel en las pesquisas y cuestionarle su actitud reticente a señalar a los altos mandos del Ejército que, según comisiones independientes que se encargaron del caso, estarían involucrados en la desaparición forzada de los estudiantes.
Al ser cuestionado por el hecho, López Obrador expresó que dentro de la causa de Ayotzinapa existe “mano negra”, apuntando al representante de los familiares, Vidulfo Rosales, y afirmando que los cuestionamientos a la investigación son “provocaciones” causadas por la supuesta intervención de partidos opositores en la lucha.
Un sexenio de promesas incumplidas
Al llegar a la Presidencia en 2018 con la bandera de esclarecer el caso de los estudiantes desaparecidos, Andrés Manuel López Obrador no ha logrado responder con las expectativas de un gran sector que votó por él.
Durante su mandato, quizá el logro más recordado al respecto fue el haber derribado la llamada ‘verdad histórica’, el relato oficialista construido durante el periodo de su antecesor, Enrique Peña Nieto (2012-2018), estructurado principalmente por el ex procurador general de la república Jesús Murillo Karam, hoy preso por su presunta participación en la desaparición de los normalistas.
Con ello, las esperanzas de las familias de los estudiantes comenzaron a aumentar, soñando con algún día saber lo que pasó realmente con sus hijos esa noche de 2014. Sin embargo, las promesas de justicia y esclarecimiento histórico empezaron a diluirse con el tiempo.
Aunque la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, creada por López Obrador en los primeros meses de mandato, y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH) concluyeron que lo de Ayotzinapa fue “un crimen de Estado” que contó con la participación activa del Ejército mexicano, el presidente se niega a reconocer el rol de los militares en el caso.
El Gobierno de la Ciudad de México no ha abierto carpetas de investigación concisas en contra de altos cargos en la estructura militar que, según lo descubierto por las comisiones expertas, podrían estar involucrados en el caso.
Además, el Ejecutivo ha hecho caso omiso a los señalamientos de los investigadores sobre que el Ejército se niega a revelar ciertos documentos que podrían dar información valiosa sobre el paradero de los jóvenes desaparecidos.
Así, el caso Ayotzinapa ha pasado de ser una de las banderas presidenciales a un tema incómodo para López Obrador que, seis años después de llegar a la Presidencia, sigue a la sombra.
Las candidatas se comprometen a seguir investigando
Las dos principales aspirantes a la Presidencia se comprometieron a continuar las investigaciones sobre el caso Ayotzinapa.
En una tónica apegada a lo expresado constantemente por el presidente mexicano, Claudia Sheinbaum, candidata del oficialismo, se comprometió, en caso de llegar a la Presidencia, a “continuar con las investigaciones” sobre Ayotzinapa.
“Vamos a continuar con las investigaciones en caso de que no se llegue a su conclusión”, expresó la candidata del izquierdista Morena, durante una conferencia de prensa este 9 de marzo.
Por su lado, la candidata del frente conservador Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, lamentó la muerte de Gómez Peralta y aseguró que, de ser elegida, continuará con las investigaciones sobre el tema, aunque descartó reunirse con los familiares de los desaparecidos, al menos por ahora.
Entre promesas incumplidas, desesperación en los familiares, negligencia estatal y secretismo militar, van casi 10 años desde aquella fatídica madrugada de septiembre, donde 43 estudiantes desaparecieron.
Diez años de fantasmas que, en pleno momento de elecciones mexicanas, regresan a exigir justicia a través de las voces de los que quedan, gritando “nos faltan 43” y “vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
France24, con EFE, Reuters y medios locales