Independencia del sistema corre riesgo, nueva directora CESJA
SANTIAGO DE CHILE, CHILE, 16 ENE 2022.- “La independencia judicial viene atravesando procesos de riesgos y retrocesos” en el continente, afirmó la abogada peruana Nataly Ponce, nueva directora del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (Cesja), con sede en Santiago de Chile.
Exviceministra de la Mujer y también de Seguridad Pública del Perú, señaló que en su nuevo cargo -asumió el 3 de enero- “uno de los pilares de nuestro trabajo va a ser respaldar y aportar a todas aquellas políticas públicas de los Estados e institucionales de los sistemas de justicia orientados a garantizar la independencia judicial”.
En entrevista con ANSA, recalcó que “nuestro entendimiento es que esto es un elemento crucial, no solo del acceso a todas las personas, sino que es un elemento esencial de los sistemas democráticos”.
Cejas fue creado a comienzos de este milenio con un mandato operativo de fortalecer las reformas procesales penales y civiles. “Sin embargo, dijo Ponce, atravesamos un contexto muy crítico en el cual hay riesgos de interferencia en el ejercicio independiente en la administración de justicia, y fenómenos también sociales, porque finalmente, el servicio de justicia forma parte de un ecosistema para atender demandas”.
Reconoció que hay nuevas demandas, personas que requieren servicios especiales, grupos que antes estaban invisibilizados y que se requiere “hoy día atender en condiciones de igualdad y acceso”.
“Un lineamiento que compartimos en esencia en nuestro Consejo Directivo es que Cesja va a trabajar en una agenda muy actual de cara a las necesidades que hoy día existen en materia de justicia”, resaltó Ponce.
Expuso que hay que entender que hoy “las Américas no son las mismas de hace 20 años, y que hay una situación agravada por la pandemia donde lo que nos toca como sistema de justicia es apoyar a los Estados para garantizar que se priorice dentro de los servicios de justicia la atención de aquellas personas que están en mayor riesgo, en mayor brecha y en mayor desventaja en acceso”.
Apuntó, en primer término, “a las mujeres, a las personas migrantes, niños y niñas y adolescentes que han atravesado una situación también de encierro y de riesgo de violencias, pero también a personas indígenas en los conflictos que hoy día se presentan, y también, dentro de ellos, grupos tradicionalmente invisibilizados en las Américas, como los afrodescendientes, y podemos seguir con otros grupos, como personas con discapacidad”.
Ponce dejó en claro que en estas dos décadas ha habido avances. Mencionó a Colombia, con el sistema especializado para atender conflictos de tierras en las zonas rurales; también que 6 países tienen sistemas especializados en atención de violencia contra las mujeres.
“Los contextos y las demandas han variado, pero también los sistemas de justicia van avanzando aunque a un ritmo limitado por recursos normativos, problemas con la independencia, pero es importante reconocer y fortalecer estos avances”, insistió.
En su mandato, la magíster en Ciencia Política destacó que un elemento que va a relevar son las subregiones.
“Entender que el Caribe es parte de nuestra misión, integrar el Caribe al sistema. América Central es otra realidad con sus propias particularidades. América del Norte, Estados Unidos, Canadá, no por ser desarrollados significa que no tengan retos y problemas, y América del Sur”, enumeró.
Para la experta, Cesja es “un centro que tiene una gran fortaleza y acreditación de excelencia técnica, de hacer estudios y hacer acompañamientos a los sistemas judiciales, a esto le vamos a sumar un trabajo de incidencias, es decir, cómo los estudios pueden ser accesibles a las personas y como nuestro trabajo, estudios, aporten al debate y elaboración de agendas concretas”.
En su opinión, hay dos problemas principales en América que es “la falta de acceso física y virtual a la justicia para poblaciones que tienen brechas idiomáticas, geográficas, económicas para acceder. El acceso es poder tener este punto de encuentro y de presentar una solicitud de acceder a información, este es un grupo que, tradicionalmente ya tenía un reto de acceso”.
Agregó que “el segundo desafío es que, teniendo acceso, el sistema no es célere sino burocrático, congestionado, lento y esto se ha agravado con la pandemia, y esto tiene que ver con la tramitación de casos, pero también con las personas. Por ejemplo, aquellas privadas de libertad que están a la espera de una decisión judicial o las mujeres más pobres de nuestros países que están esperando una decisión judicial para una pensión de alimentos o una persona indígena que también está esperando que un órgano judicial resuelva la situación de sus tierras”.
En cuanto a los retrocesos, mencionó, “en términos sustantivos de la institucionalidad de la administración de justicia, los riesgos de la politización de la administración de justicia son muy preocupantes y para nosotros va a ser, siempre lo ha sido, respaldar todo lo que signifique la consolidación de la independencia, imparcialidad e institucionalización o respeto a la institucionalidad de los sistemas de justicia porque es un elemento esencial de las democracias”. (ANSA).