EE UU demanda a Google por abusar de su posición frente a la competencia

El Gobierno acusa al gigante tecnológico de prácticas monopolísticas ilegales en las búsquedas de Internet y la publicidad

EE. UU., 20 OCT 2020 – El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado este martes una demanda antimonopolio contra Alphabet Inc, la empresa matriz de Google, a la que acusa de violar la ley al abusar de su posición dominante en el mercado frente a sus competidores. Se trata de la más importante ofensiva legal contra un gigante tecnológico en al menos dos décadas, y supone la culminación de una investigación de un año que concluye que la compañía aprovechó su posición dominante en el mercado de las búsquedas y la publicidad en detrimento de competidores y consumidores.

La acción legal contra Google, que abre un proceso que puede prolongarse durante años, marca un hito en la lucha de Washington contra Silicon Valley. En el centro del debate está el creciente poder de los gigantes tecnológicos, sometidos en los últimos años a un intenso escrutinio. Hay más investigaciones en marcha, en el propio Departamento de Justicia y en la Comisión Federal del Comercio, contra Apple, Amazon y Facebook. Más de cuarenta Estados y administraciones locales han abierto también investigaciones sobre el supuesto abuso de Google de su control de la tecnología para la publicidad digital.


La preocupación por la concentración de poder, dinero y datos en manos de unas pocas compañías es algo que une a conservadores como el presidente Trump y a los legisladores más progresistas. Hace apenas dos semanas, los congresistas demócratas de la Cámara de Representantes publicaron un extenso informe sobre los gigantes tecnológicos en el que acusan a Google, así como a Apple, Amazon y Facebook, de abusar de su posición dominante en el mercado.

Los legisladores, así como el Gobierno federal y diferentes asociaciones de consumidores, llevan tiempo acusando a Google, propiedad de Alphabet Inc, que tiene un valor de mercado superior a un billón de dólares, de abusar de su dominio en las búsquedas en Internet, de las que acapara cerca del 90% de la actividad en Estados Unidos, y en el mercado publicitario para suprimir la libre competencia y disparar sus beneficios. En la demanda, el Departamento de Justicia argumenta que, al firmar acuerdos con fabricantes de teléfonos móviles que utilizan el sistema operativo de Alphabet (Android) para que se descargue por defecto su buscador, Google afianza su monopolio y perjudica la competencia y la innovación. También se refiere a contratos como el que la compañía alcanzó con Apple, por el que, a cambio de miles de millones de dólares la compañía de Cupertino incorpora el buscador de Google por defecto en sus iPhones. Gracias a ese masivo alcance de su producto, defiende el Gobierno, Google se enriquecía con lucrativos anuncios asociados a los resultados de las búsquedas.

“La conducta de Google es ilegal en virtud de los principios anti monopolísticos tradicionales y debe ser frenada”, ha dicho el número dos del Departamento de Justicia, Jeffrey Rosen, en una conversación telefónica con periodistas. “Son la puerta a Internet y un gigante de las búsquedas y la publicidad, y han mantenido su poder de monopolio a través de prácticas excluyentes que dañan la competencia”.

El Departamento de Justicia no pide expresamente al tribunal que trocee la compañía, como vienen exigiendo algunos legisladores. Solicita, en cambio, un “desahogo estructural”, algo que podía consistir en el requerimiento de deshacerse de una parte de su negocio o abandonar algunas de las prácticas denunciadas. “Por el bien de los consumidores estadounidenses, de los anunciantes y de todas las compañías que dependen de la economía de Internet, ha llegado la hora de detener la conducta de Google y restaurar la competencia”, dice la demanda.

Google, fundada en 1998 por dos estudiantes de la universidad de Stanford, Larry Page y Sergey Brin, se ha convertido en un actor dominante en los sectores de la comunicación, el comercio y los medios. La compañía ha negado reiteradamente las acusaciones de prácticas monopolísticas. Asegura que tiene una fuerte competencia en el mercado de búsquedas de Internet, por parte de empresas como Amazon, y defiende que sus servicios ayudan a numerosas empresas pequeñas.

“La demanda de hoy del Departamento de Justicia es profundamente defectuosa”, sostiene un portavoz de Google en un comunicado. “Las personas utilizan Google porque así lo desean, no porque se vean obligadas a hacerlo o porque no puedan encontrar alternativas”.

Más allá del terreno de la legislación sobre competencia, en la que se base la demanda, las acusaciones del presidente Trump a los gigantes tecnológicos se centran en un supuesto sesgo político. El presidente y sus aliados llevan tiempo atacando a Google, propietario también de la plataforma de vídeos YouTube, por silenciar voces conservadoras. Eso ha permitido a la compañía criticar la ofensiva legal que considera parte de una cruzada política.

La demanda, de 64 páginas, presentada en un tribunal federal de Washington DC, constituye la acción anti monopolística más importante llevada a cabo por el Gobierno federal desde el conjunto de acciones legales emprendidas contra Microsoft en mayo de 1998. En aquella ocasión, se acusó a la compañía de Bill Gates de abusar de su posición monopolística al comercializar en mismo paquete su sistema operativo (Windows) y su navegador de Internet (Explorer), restringiendo la competencia de otros navegadores. Aquel caso tardó más de diez años en cerrarse. Es más que probable, pues, que esta acción contra Google se prolongue más allá de la Administración Trump, incluso aunque el presidente salga reelegido en las elecciones del próximo 3 de noviembre.

La base jurídica de la demanda es una legislación, conocida como la ley Sherman, de casi un siglo de antigüedad, utilizada en el pasado contra gigantes del tabaco, el petróleo y las telecomunicaciones. Once fiscales generales de Estados republicanos, incluidos Luisiana, Florida y Texas se han sumado a la demanda del Departamento de Justicia, y otros Estados que están investigando las supuestas prácticas monopolísticas de la compañía podrían sumarse en el futuro.


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