
SAN JUAN, ARGENTINA, 2 de junio de 2026.- Una trama de documentos truchos, créditos fraudulentos y electrodomésticos vendidos en negro terminó en el banquillo. El escándalo de los DNI falsos en San Juan cerró su capítulo judicial: cinco personas recibieron condenas a prisión efectiva. Entre ellas, Natalia Lorena Castillo, extitular de la delegación Pocito del Registro Civil. Ella usó sus claves de acceso al RENAPER para facilitarle el trabajo a la banda.
Cómo operaba la red de DNI falsos en San Juan
La organización tenía roles bien definidos. El esquema comenzaba con la identificación de víctimas. Luego reclutaban personas que prestaban sus datos biométricos. Castillo, desde adentro del sistema, cargaba los datos filiatorios auténticos de las víctimas. Pero incorporaba las fotos y huellas dactilares de los cómplices. El resultado: documentos materialmente auténticos, pero ideológicamente falsos.
Con esos DNI, la banda solicitaba créditos y compraba electrodomésticos. Los bienes terminaban en el mercado informal. El perjuicio económico total superó los 142 millones de pesos.
Los sistemas del RENAPER detectaron inconsistencias y bloquearon 18 trámites. Aun así, la organización concretó al menos cinco emisiones. Esos documentos sirvieron para cometer estafas presenciales y virtuales.
Las penas: hasta 5 años y 6 meses de prisión efectiva
El juez Juan Ignacio Pérez Cursi, de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, homologó las condenas. Las audiencias se realizaron el 7 y 14 de mayo pasado.
Rolando Javier Navarro Saide, jefe de la organización, recibió 5 años y 4 meses de prisión. Castillo quedó con 4 años y 8 meses, más multa e inhabilitación especial por 4 años. En su domicilio hallaron 197 DNI auténticos durante un allanamiento.
Rodrigo Javier Navarro Pozo, Matías Martín Martínez Villalba y Marcelo Omar Cardozo recibieron 3 años y 10 meses cada uno. Por su parte, Marcos Esteban Vallejo —ajeno a la estructura— quedó con 3 años de ejecución condicional. Usó DNI verdaderos con datos falsos para cometer estafas.
El origen: una denuncia desde Buenos Aires
Todo comenzó el 19 de diciembre de 2024. Un residente de Buenos Aires advirtió algo extraño: alguien usaba un DNI con sus datos, pero con foto y huellas ajenas. Ese “caso testigo” derivó en allanamientos y secuestro de prueba documental y digital. La investigación se formalizó el 2 de julio de 2025.
Los fiscales Fernando Alcaraz y Virginia Rodríguez, del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal San Juan, reconstruyeron el funcionamiento completo de la red. En el marco de los acuerdos, los bienes decomisados —vehículos y electrodomésticos— irán a reparar económicamente a las víctimas. El caso de los DNI falsos en San Juan deja una señal de alerta sobre los controles en organismos con acceso a bases de datos sensibles.
