Buenos Aires, 23 de enero de 2026 (Mi Periódico).- A metros de la esquina de Primera Junta y Florida, en el barrio El Libertador, en el municipio de Tres de Febrero, hay un monumento a la impunidad. No es una estatua ni un mural. Es lo que queda de un Chevrolet Meriva quemado, con un papel oficial pegado que dice “Incinerado”. Pero en el barrio nadie se cree ese cartel. Todos lo ven por lo que es: la prueba de que las autoridades miran para otro lado.
Pese a la intervención de bomberos, el móvil de Seguridad municipal, que lleva un chofer municipal y un policía en el patrullero, decidió abandonar el vehículo en el mismo lugar.
Cuatro días después, malvivientes ya lo habían desmantelado completamente. Mientras tanto, el calco oficial de “Incinerado” sigue pegado en su puerta, desafiando la evidencia visual del operativo intencional.
19/01/2026, 10:42 h. Cámara de seguridad registra a desconocidos remolcando un Chevrolet Meriva hasta Primera Junta y Florida. Segundos después, encapuchados descienden, prenden fuego al vehículo y huyen. Cuatro días más tarde (23/01), el auto incinerado seguía en el mismo lugar con calco municipal que dice “incinerado”. La palabra burocrática vs. las imágenes: una elige el verbo que oculta; la otra, el que acusa.
Ninguna estrategia de seguridad real puede abandonar vehículos quemados de dueños desconocidos en medio de un vecindario.
Ese abandono no es neutral: es un mensaje de impunidad que se lee en cada calle. Lo que queda no es solo chatarra; es una invitación abierta a más delitos, una señal de que aquí las reglas no existen y las consecuencias, tampoco.
El delito abandonado genera más delito; la desprotección exhibida alimenta la audacia de quien quiera aprovecharse.
Un patrón de encubrimiento: la justicia investiga más casos
Esta decisión municipal no fue pasiva ni ingenua. Al etiquetar el hecho como “Incinerado” y abandonar la prueba en la vía pública, se aseguró la destrucción de evidencias clave como las numeraciones del chasis. Este circuito—del incendio grabado al desguace permitido—describe una impunidad establecida que castiga a barrios como El Libertador, Churruca y Pablo Podestá. La escena final, un chasis vacío con un calco mentiroso, es el monumento a este encubrimiento.
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Además, la justicia ya investiga otros dos casos similares en el distrito. En esos precedentes, las pruebas también desaparecieron. Sin embargo, este caso corta el circuito: la cámara privada expuso la secuencia completa y la responsabilidad municipal ya no puede esconderse detrás de un calco falsificado.
Estrategia municipal: crear el caos y culpar a las víctimas
La municipalidad tiene un libro de jugadas para el fracaso. Con la basura, admite que no multa a los que la tiran, pero después le echa la culpa a los vecinos por vivir entre montañas de residuos. Con los autos incendiados, repite la receta: los llama “simple incendio”, deja el vehículo pudriéndose en la calle y, cuando las pruebas los acorralan, ¿también van a señalar a los vecinos como responsables?
Este juego perverso de la culpa es su verdadera política: primero dejan que el delito ocurra (liberando zonas para basura o abandonando autos quemados) y después señalan a las víctimas como si ellas hubieran creado el problema. No protegen; culpan. No previenen; acusan.
El protocolo de impunidad: cinco pasos para archivar un delito. Así opera el sistema en Tres de Febrero:
Ocurre el hecho delictivo (incendio intencional).
Las autoridades lo catalogan como “Incinerado”.
No secuestran las pruebas materiales.
Las pruebas desaparecen o son destruidas públicamente.
Sin actuación fiscal: la quema del Meriva nunca llegó a la Justicia
El resultado es siempre el mismo: cero detenidos, cero investigaciones.
El mensaje claro: desprotección para unos, impunidad para otros
Para los delincuentes, el mensaje es claro: “Pueden actuar, no habrá consecuencias”. Para los vecinos, la realidad es cruda: “Están solos, el Estado no los protege”. Cuando las autoridades etiquetan un delito como incidente y abandonan las pruebas, dejan de ser parte de la solución para convertirse en parte del problema.
Así se reescribe un delito: del incendio intencional a la “incineración”
La municipalidad informó que el vehículo fue hallado “Incinerado”. Las imágenes, en cambio, muestran que fue incendiado intencionalmente. Esta elección terminológica no es menor: “Incinerado” describe solo el estado final, omitiendo la acción criminal. Así, el lenguaje administrativo encubre el delito y desdibuja responsabilidades. Esta manipulación siembra dudas en los ciudadanos y debilita la credibilidad de un sistema que, en lugar de prevenir, parece dedicarse a reescribir lo ocurrido.
Conclusión: la etiqueta que delata al sistema
El calco de “Incinerado” es más que una mentira burocrática; es la prueba material de un sistema diseñado para fallar. Mientras los vecinos conviven con basura y autos quemados, las autoridades solo ofrecen etiquetas falsas y culpas invertidas. En Tres de Febrero, la verdad la guardan las cámaras privadas y los testigos. La mentira, en cambio, la lleva impresa un calco oficial pegado en un chasis abandonado.