Washington, 12 de septiembre de 2025.- El reciente ataque militar de Estados Unidos a una embarcación que, según la administración de Donald Trump, transportaba drogas provenientes de Venezuela ha generado controversia.
El incidente ocurrió cuando la embarcación, que transportaba a 11 personas presuntamente vinculadas a la pandilla Tren de Aragua, cambió de rumbo y comenzó su regreso hacia la costa. Este giro de los eventos ha planteado nuevos interrogantes, y miembros del Congreso han exigido mayor transparencia sobre la acción.
En una reunión cerrada celebrada esta semana en el Capitolio, funcionarios de seguridad nacional revelaron que la embarcación recibió múltiples disparos por parte del ejército estadounidense después de modificar su dirección. Según fuentes que hablaron bajo anonimato, algunos de los pasajeros fueron identificados como miembros de la organización criminal Tren de Aragua. El diario The New York Times fue el primero en informar sobre el ataque.
Cuestionamientos sobre la legalidad del ataque
Este ataque, defendido por la administración Trump como una medida de legítima defensa, ha suscitado críticas entre senadores de ambos partidos. Los demócratas, apoyados por algunos republicanos, han expresado su descontento con la justificación legal presentada y cuestionan la constitucionalidad de la acción. La utilización de las fuerzas armadas para fines policiales ha sido uno de los puntos más discutidos.
El senador Tim Kaine (Virginia) y otros legisladores demócratas han manifestado que no se ha proporcionado una justificación legal clara para la acción. En una carta dirigida a la Casa Blanca, exigen detalles sobre el uso del poder militar. Por su parte, el senador Jack Reed (Rhode Island), líder del Comité de Servicios Armados del Senado, subrayó que las fuerzas armadas no deben ser utilizadas para realizar funciones de policía, y mucho menos para ejecutar acciones letales sin un juicio previo.
Posibles extralimitaciones de autoridad ejecutiva
Los cuestionamientos también apuntan a una posible extralimitación de los poderes presidenciales, con algunos senadores sugiriendo que el Congreso no ha autorizado el uso de la fuerza militar en situaciones como esta. En este contexto, el senador Rand Paul (Kentucky) ha señalado que la embarcación no era probablemente una amenaza directa para las costas estadounidenses, dado que se encontraba muy lejos de ellas.
La administración Trump, por su parte, defiende la legalidad del ataque. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que los cárteles de drogas representan una amenaza inmediata para la seguridad nacional y reiteró la postura de que el país se encuentra en guerra contra el narcotráfico. Según la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, el presidente actuó conforme a las leyes de los conflictos armados para proteger a los ciudadanos de las drogas que llegan a las costas.
Venezuela denuncia “asesinato” y desinformación
El gobierno venezolano ha reaccionado con indignación ante el ataque. Diosdado Cabello, ministro del Interior de Venezuela, acusó a Estados Unidos de asesinato y calificó las afirmaciones sobre el Tren de Aragua como “una tremenda mentira”. En un tono desafiante, Cabello cuestionó cómo las autoridades estadounidenses pudieron identificar a los supuestos miembros del grupo criminal y aclaró que la embarcación en cuestión podría ser un “peñero”, un tipo de barco pesquero usado comúnmente en las costas venezolanas.
Cabello también negó que la embarcación estuviera involucrada en actividades ilícitas y descartó que transportara drogas, según las declaraciones de la Casa Blanca.
La posibilidad de nuevos ataques
A pesar de las críticas y la falta de claridad sobre los detalles del ataque, el Pentágono ha reiterado que Estados Unidos continuará utilizando sus fuerzas armadas para enfrentar las amenazas del narcotráfico. Fuentes cercanas al gobierno han indicado que el Pentágono mantiene la capacidad de realizar más operaciones en la región.
El debate continúa, con los senadores demócratas exigiendo más información y aclaraciones sobre el alcance de las acciones militares en el futuro, y advirtiendo que el Congreso no ha autorizado el uso de la fuerza en este contexto.
Con AP