Buenos Aires, 4 de septiembre de 2025.- El Senado aprobó, con una amplia mayoría, una reforma que impone restricciones a los decretos de necesidad y urgencia (DNU) del Poder Ejecutivo. Desde el PRO hasta el kirchnerismo, pasando por radicales y provinciales, diversos sectores políticos respaldaron esta iniciativa, que busca limitar el uso discrecional de los decretos presidenciales. La sesión estuvo marcada por una nueva confrontación entre el Gobierno y la oposición, después de que el Senado anulara el veto a la emergencia en discapacidad.
La reforma fue aprobada en general con 56 votos a favor y 8 en contra, acompañada de dos abstenciones y seis ausencias. Entre los opositores, se destacó la postura de Carmen Álvarez Rivero (PRO), única en rechazar el proyecto, además de La Libertad Avanza. Las ausencias fueron significativas: dos senadores de Misiones (Arce y Rojas Decut), los radicales mendocinos Juri y Suárez, y el chaqueño Zimmerman, junto con la ausencia de Carolina Losada. Ahora, el proyecto deberá pasar por la Cámara de Diputados, donde aún no está claro el respaldo con que cuenta la oposición.
Este es el vigésimo triunfo consecutivo de la oposición en el Senado, tras una serie de victorias que incluyeron el rechazo a los candidatos del Gobierno para la Corte Suprema, la fallida ley de Ficha Limpia, el aumento de las jubilaciones, la distribución de ATN, y la aprobación de varias emergencias, como la de discapacidad y salud pediátrica. Esta vez, la particularidad es que la reforma no tiene impacto fiscal, lo que abre la pregunta: ¿será vetada igualmente? ¿Bajo qué argumento?
Reforma a la Ley 26.122: los detalles
La iniciativa modifica la Ley 26.122, que regula los DNU. Si la reforma se aprueba, ambas cámaras del Congreso tendrán un plazo de 90 días para ratificar los decretos, en lugar de poder revocarlos, como ocurre actualmente. Para su ratificación, se necesitaría la mayoría en solo una de las cámaras, promoviendo así una postura más activa del Poder Legislativo frente a los decretos presidenciales.
Una de las medidas clave de la reforma es la limitación de los criterios para declarar la “necesidad y urgencia”, lo que busca evitar los llamados “megadecretos” como el DNU 70/2023. Este decreto modificó simultáneamente varios aspectos, como el régimen de alquileres, las regalías de las tarjetas de crédito, el régimen de obras sociales, la reforma laboral, las sociedades anónimas deportivas y la ley de tierras.
El debate en el Senado
Uno de los aspectos más llamativos del debate fue el cambio de postura del peronismo, que en 2006 impulsó la actual ley durante la presidencia de Néstor Kirchner, con el respaldo de Cristina Fernández desde el Senado. Desde entonces, el peronismo se había resistido a cualquier modificación. En esta ocasión, su apoyo fue clave para la aprobación de la reforma, aunque no hubo una defensa extensa de la iniciativa. Solo dos senadoras del PJ intervinieron en el debate, en contraste con los 14 legisladores que habían hablado durante la votación anterior de la misma jornada.
Anabel Fernández Sagasti, senadora peronista, criticó el uso de facultades legislativas por parte del Ejecutivo. “Desde la reforma de 1994, Argentina ha caído por un tobogán de descenso institucional”, señaló.
Por su parte, Carmen Álvarez Rivero (PRO), la única senadora de su bancada que respaldó el veto a la emergencia en discapacidad, se mostró en desacuerdo con la reforma al DNU. “No se bancan jugar con las mismas reglas”, dijo, cuestionando el accionar del oficialismo.
El correntino Carlos Espínola, de Unidad Federal, exaliado del Gobierno, también se pronunció a favor de la reforma. “Estamos buscando reinstalar un sistema de pesos y contrapesos claro y transparente. El Ejecutivo necesita herramientas, pero nosotros, que representamos a las provincias, necesitamos garantías”, afirmó.