Buenos Aires, 22 de agosto de 2025.- El Gobierno se vio nuevamente envuelto en una polémica por su estilo de comunicación, luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, hiciera comentarios que fueron percibidos como burlas hacia las personas con discapacidad. El incidente ocurrió la noche del jueves, apenas un día después de que la Cámara de Diputados rechazara el veto del presidente Javier Milei a la ley de emergencia en el sector, según una nota publicada en el medio Perfil este viernes.
Como es habitual, Caputo participaba en el streaming Carajo, junto al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y varios asesores del ministro, como Felipe Núñez, Federico Furiase y Martín Vauthier. Durante la entrevista, mientras Caputo comentaba sobre lo sucedido en el Congreso, un intercambio entre los panelistas generó controversia. El ministro afirmó que durante los gobiernos kirchneristas se había producido una “falta de control” en el otorgamiento de pensiones por discapacidad, citando cifras del año 2001, cuando Argentina contaba con 75,000 personas con discapacidad y una población de 36 millones.
“En 2001 teníamos 75.000 personas con discapacidad. Y la Argentina tenía 36 millones de habitantes. Hoy tenemos 46 millones. Si lo hacemos proporcionalmente, hoy debería haber en la Argentina más o menos 97.000 personas con discapacidad. ¿Cuántos hay?”, preguntó Caputo. En ese momento, uno de los panelistas, conocido como “Gordo Pablo”, respondió: “¿Sin sumar los kukas?”. La respuesta causó risa en el ministro, quien no dudó en seguir con la broma: “Sin sumar los kukas, 1.250.000. Entonces, en vez de haber 97.000, hay 1.250.000. De cada una de estas cosas han hecho una caja. Y han hecho ese populismo que termina destrozando las cuentas públicas. Y ellos son los primeros que después, cuando son gobierno, los castigan”, expresó Caputo.
En otro pasaje de la entrevista, el ministro criticó la gestión kirchnerista sobre los jubilados, mencionando que durante el último gobierno de esa línea política, los jubilados habían perdido un 40% de su poder adquisitivo. “Con nosotros ya ganaron 15%, pero quieren que recuperen el 40% de inmediato. Ese 40% que les quitaron cuando eran gobierno. A ellos les agarra la sensibilidad social cuando no están en el poder”, afirmó.
Una sesión que puso en aprietos al oficialismo
El miércoles, la Cámara de Diputados logró reunir 172 votos para rechazar el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad. Sin embargo, la ley aún no ha quedado completamente aprobada, ya que el veto debe ser invalidado también en el Senado con el voto de los dos tercios. El Gobierno argumentó que la norma representaría un riesgo para el equilibrio fiscal del país.
La ley, sancionada en julio, incluye una actualización de los aranceles a prestadores y la creación de una pensión no contributiva equivalente al 70% de la jubilación mínima. Además, establece que las pensiones por invalidez laboral se conviertan automáticamente en esta nueva pensión, con acceso garantizado a cobertura médica.
El decreto de veto objetó principalmente el costo de la medida. Según las proyecciones oficiales, su implementación tendría un costo de más de $3 billones en 2025 (0,36% del PBI) y casi $6 billones en 2026 (0,59%). Solo las nuevas pensiones representarían $2,1 billones en el primer año, sin contar los gastos adicionales en salud y compensaciones a prestadores.
No obstante, las estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) difieren. Este organismo calculó un impacto más moderado, con un rango de entre $2,4 billones y $4,3 billones, equivalente a entre 0,26% y 0,51% del PBI. De aplicarse únicamente la emergencia en discapacidad, sin los otros componentes de la ley, el costo sería aún más bajo.