Buenos Aires, 20 de agosto de 2025.- Con un panorama aún incierto, el Gobierno de Javier Milei enfrenta hoy una sesión maratónica en la Cámara de Diputados que podría marcar un punto de inflexión tanto en su estrategia legislativa como en el desarrollo de la campaña electoral. En el centro del debate se encuentran leyes con alto impacto fiscal y social, vetadas previamente por el Ejecutivo, y que ahora podrían ser revertidas si la oposición logra reunir los votos necesarios.
La sesión llega en un contexto de creciente tensión entre el oficialismo y los gobernadores, agravada por disputas en el reparto de fondos y los conflictos generados durante el cierre de listas en las provincias. Estos factores han debilitado algunos apoyos clave del Gobierno dentro del Congreso.
La oposición, fortalecida tras su reciente victoria parlamentaria, llega con expectativas elevadas. Hace dos semanas logró aprobar el aumento del financiamiento universitario, declarar la emergencia en pediatría y rechazar varios decretos delegados. La campaña electoral agrega un nuevo elemento de presión: muchos legisladores deberán decidir entre respaldar al Ejecutivo o evitar el costo político de ir en contra de demandas populares como las jubilaciones o las políticas de discapacidad.
El primer tema del orden del día será la insistencia en la declaración de emergencia en discapacidad. La norma, que había sido aprobada con amplia mayoría, fue vetada por Milei por su impacto presupuestario. El proyecto prevé un aumento en las pensiones y un ajuste por inflación en las prestaciones profesionales. La Oficina de Presupuesto del Congreso estima que implicaría un costo de entre 0,22% y 0,42% del PBI. Tanto oficialistas como opositores consideran probable que se rechace el veto presidencial.
A continuación se debatirá el aumento del 7,2% en jubilaciones y pensiones, junto con la suba del bono de $70.000 a $110.000, también con actualización por inflación. Esta propuesta, que representaría un gasto equivalente al 0,7% del PBI, encuentra un escenario más dividido, con la UCR y los gobernadores jugando un rol clave.
Otro punto sensible será el tratamiento del proyecto que propone repartir automáticamente con las provincias los adelantos del Tesoro Nacional. La iniciativa ya cuenta con media sanción del Senado y el respaldo explícito de todos los gobernadores. Sin embargo, el oficialismo presentó un dictamen alternativo que fue avalado por diputados alineados con los mandatarios de Mendoza, Chubut y San Juan. Aunque menos favorable, esta propuesta podría evitar un nuevo veto presidencial.
También figura en la agenda la iniciativa para resolver el bloqueo en la comisión de seguimiento de Libra, cuya falta de funcionamiento responde al empate de fuerzas que impidió la designación de autoridades. El nuevo texto establece que, ante un empate, la presidencia recaerá en el candidato que represente al bloque con mayor cantidad de diputados.
Otros temas incluyen la modificación del huso horario con fines de ahorro energético y una actualización de los montos vinculados al delito de evasión tributaria.
La oposición intentará además revertir el veto a la declaración de emergencia en Bahía Blanca, una propuesta que había sido retirada del temario anterior por falta de consenso.
Para el final del debate se prevé la discusión sobre el veto a la moratoria previsional, que permitiría a quienes no completaron los 30 años de aportes acceder a una jubilación mínima mediante la compra de años faltantes. Este proyecto no cuenta con apoyo mayoritario y el veto probablemente será confirmado.
También se tratará el proyecto que propone coparticipar el impuesto a los combustibles líquidos. La Casa Rosada presentó una alternativa en comisión, pero hasta ahora las provincias no han dado una respuesta pública.
En la votación final, los números serán determinantes. El Gobierno logró blindar dos vetos importantes el año pasado, gracias al respaldo del PRO, el MID, sectores del radicalismo afín y algunos gobernadores. Sin embargo, hoy ese bloque muestra fisuras.
Martín Llaryora, gobernador de Córdoba, expresó su rechazo al veto sobre discapacidad, lo que podría influir en la postura de sus diputados, que ya habían votado a favor de la media sanción. Desde Tucumán, el entorno del gobernador Osvaldo Jaldo confirmó que apoyarán tanto el aumento jubilatorio como la emergencia en discapacidad, a pesar de su histórica cercanía con el oficialismo.
En Salta, dos diputadas que responden al gobernador Gustavo Sáenz también habían respaldado el proyecto jubilatorio. Sin embargo, la relación entre Sáenz y la Casa Rosada se ha tensado tras los recientes resultados electorales provinciales.
En el PRO, persisten diferencias internas. María Eugenia Vidal y otros ocho diputados se abstuvieron en la votación anterior y no se espera que acompañen ahora. En la UCR también hubo nueve abstenciones, aunque figuras cercanas al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, ya adelantaron que votarán con el oficialismo. El resto del bloque aún no definió su posición.
Desde la oposición remarcan que las abstenciones favorecen al Gobierno, ya que elevan el umbral necesario para alcanzar los dos tercios requeridos para rechazar un veto. Por el contrario, las ausencias reducen esa exigencia. “Votar afirmativo es defender la ley y a los jubilados. Votar en contra o abstenerse es defender al Gobierno”, resumió el diputado Oscar Agost Carreño, candidato del PRO no alineado con el macrismo en Córdoba.
El resultado de esta jornada podría redefinir el equilibrio político en el Congreso y, a la vez, tener consecuencias directas sobre la campaña presidencial. Todo se resolverá en una sesión que promete ser tan extensa como decisiva.
Con Infobae