Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de junio de 2025.- La administración de Javier Milei concretó este martes el desmantelamiento definitivo del programa Procrear mediante la Resolución 764/2025 del Ministerio de Economía.
El texto, publicado en el Boletín Oficial, establece el traspaso de la administración de los créditos vigentes al Banco Hipotecario y marca el principio del fin para este esquema de financiamiento habitacional creado en 2012 bajo la gestión de Cristina Kirchner, que ofrece líneas de créditos subsidiadas por el Estado nacional para el acceso a la vivienda.
El martes 12 de noviembre de 2024, Manuel Adorni, vocero presidencial, había adelantado la noticia en redes sociales: “Dos novedades económicas: a partir de mañana el plan Procrear tal y como lo conocemos, dejará de existir. Además de esto, se comenzarán a permitir las ‘hipotecas divisibles’ para proyectos inmobiliarios en desarrollo”.
Los argumentos del cierre
El decreto 1018/2024, firmado en noviembre pasado, ya había esbozado los motivos de la decisión: el programa se había convertido en un “lastre fiscal” para el Estado nacional. Los números de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) terminaron de inclinar la balanza:
- Demoras crónicas en la entrega de viviendas. Reclamos masivos por fallas estructurales en unidades entregadas. Incumplimiento sistemático de convenios firmados. Costos operativos que se dispararon un 142% en tres años.
“Era una caja negra con problemas de transparencia y eficiencia”, admitió una fuente del Palacio de Hacienda a este medio.
¿Cómo sigue el proceso?
El Banco Hipotecario ya comenzó a recibir las primeras carteras de crédito. Según las nuevas disposiciones: Los más de 85 mil préstamos vigentes mantendrán sus condiciones originales. El Ministerio de Economía podrá vender paquetes de créditos morosos. Las propiedades sin uso pasarán a la órbita de la AABE.
El destino de las viviendas
El operativo más complejo será la redistribución de los más de 1.200 inmuebles que quedaron en el limbo. Las claves: Las provincias tendrán prioridad para reclamar propiedades. Los municipios podrán solicitar unidades para planes sociales. Se crearán mesas de trabajo para casos judicializados.
Impacto en los beneficiarios
Mientras el Gobierno asegura que “nadie perderá su crédito”, las asociaciones de consumidores ya preparan recursos legales. “Esperamos garantías concretas sobre las tasas y plazos”, advirtió el presidente de la Cámara de Usuarios Bancarios.
La liquidación final del fondo deberá completarse antes del 30 de noviembre de 2025, según los plazos establecidos en la normativa. Mientras tanto, Economía deberá rendir cuentas cada 90 días ante la Comisión Bicameral de Seguimiento de Fondos Fiduciarios.
Con Infobae/NA