Buenos Aires, 29 dic. 2022 (Mi Periódico).- La juez de Paz del partido de Tres de Febrero intimó este miércoles a la Municipalidad de Tres de Febrero al inmediato retiro de la batea ubicada en el cruce de las calles Tucumán e Iguazú, frente a la Escuela 36, una de las esquinas de la Plaza Churruca, y llevar adelante las tareas preventivas necesarias para la erradicación del microbasural que desde hace meses tiene en jaque a vecinos de la zona y alumnos del establecimiento escolar.
Ahora, en un fallo que lleva la firma de la juez de Paz, Dra. Patricia Sara Gunsberg, la municipalidad deberá implementar de manera activa acciones positivas con la finalidad de promover, fomentar y proteger el medio ambiente. Medidas que deberán ser informadas al juzgado que va a monitorear el cumplimiento de la orden judicial.
Recordemos que contrariamente a la obligación legal de terminar con los microbasurales, las autoridades municipales decidieron a espaldas de la ley instalar un gigantesco contenedor metálico para el vuelco de desperdicios a cielo abierto, en la vía pública, frente a la Escuela Primaria 36 y la esquina de la plaza Churruca, para el vuelco de desperdicios de todo tipo. Resistiendo de ese modo las múltiples intimaciones del Ministerio de Ambiente provincial para erradicar el microbasural en los términos del artículo 9 de la Ley 13.592, que le impone a las autoridades municipales la obligación de clausurar dichos vuelcos.
Pero no sólo la batea colocada por la municipalidad trajo más problemas que soluciones en un lugar con pocos vecinos frentistas. Es dificil entender por qué se deberían acumular desperdicios durante días en una zona con calles asfaltadas, en donde existe la recolección diaria de residuos urbanos domiciliarios y dos veces por semana de áridos y de poda.
Sin lugar a dudas, nada justifica la instalación de una batea frente a la Escuela Primaria 36 y en la esquina de una plaza, que se transformó en un centro de acumulación de residuos al que llegaban carros, vehículos y camionetas para depositar fuera de control desperdicios de todo tipo que ponen en riesgo la salud y la seguridad de los vecinos del lugar y de los menores que concurren a la escuela y la plaza.
La ley es clara: está prohibido arrojar residuos en la vía pública y el deber de las autoridades justamente es cumplir y hacer cumplir la ley, impidiendo el arrojo de basura en la vía pública.
Y hasta los mismos afectados, los alumnos de la Escuela Primaria 36 se hicieron escuchar a través de un mural que pintaron en una de las paredes del establecimiento, cuyo mensaje visual es claro y contundente: ” La única forma de mejorar el medio ambiente es cuidándolo entre todos. Stop Basura. Esquina limpia. El cambio empieza por ti”.
Pero, por lo visto, hay funcionarios municipales que en forma contraria a sus obligaciones piensan que pueden seguir pisoteando y burlándose de la ley y la constitución y desconociendo de manera arbitraria los derechos ambientales de los ciudadanos, sin sufrir las consecuencias.
Tampoco fueron pocas las veces que los bomberos voluntarios del Destacamento de Loma Hermosa debieron actuar para sofocar el incendio de residuos y el humo que penetraba en las casas y en las aulas.
Los jueces deben actuar con energía para ser efectivas las garantías constitucionales ambientales.
Insólitamente las autoridades municipales, que ahora podrían ser investigadas penalmente por incumplir de manera arbirtraia y retierada con la ley, generaron al margen de es ley que violaron y juraron cumplir, junto a una empresa contratista que podría haber obtenido ingresos indebidos a partir del incumplimiento de esos funcionarios que sin ningún tipo de fundamentación, establecieron una “zona liberada” para el vuelco de desperdicios de todo tipo que provocó un gigantesco microbasural en el cruce de las calles Tucumán e Iguazú, frente a la Escuela Primaria 36, en una de las esquina de la plaza Churruca, que afecta garantías constitucionales ciudadanas al derecho a un ambiente sano.
Finalmente, luego de la intervención de la Sala II de la Cámara Penal de Apelación y Garantías Departamental en el marco de la vigencia del 32 de la Ley General del Ambiente 25675, la juez de Paz debió resolver la cuestión ambiental planteada, que este miércoles fue notificada a la Municipalidad de Tres de Febrero mediante oficio y bajo apercibimiento en caso de incumplimiento del delito de desobediencia.