El Senado aprobó por unanimidad la nueva ley de discapacidad: qué cambia

La votación del Senado por la Ley de Discapacidad terminó con 71 votos afirmativos y estableció un régimen permanente para garantizar las prestaciones, las pensiones y la cobertura de las personas con discapacidad.

El Senado de la Nación aprobó por unanimidad la nueva Ley de Discapacidad con 71 votos afirmativos.
La Cámara de Senadores de la Nación durante la votación que convirtió en ley el nuevo régimen permanente de discapacidad, aprobado por unanimidad con 71 votos afirmativos. Crédito: Comunicación Institucional del Senado de la Nación.

BUENOS AIRES, 20 de noviembre de 2026 (MI PERIÓDICO).- La votación del Senado por la Ley de Discapacidad terminó con la aprobación por unanimidad del proyecto de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad. La iniciativa recibió 71 votos afirmativos y convirtió en ley un nuevo régimen permanente para el sector.

La iniciativa establece un régimen permanente para el sector y reemplaza el esquema de emergencia vigente, cuya duración estaba prevista hasta el 31 de diciembre de 2026. Su objetivo es garantizar la continuidad de las prestaciones previstas en la Ley 24.901 y brindar mayor previsibilidad a las personas con discapacidad, sus familias y los prestadores de servicios.

El proyecto había obtenido media sanción en la Cámara de Diputados el 22 de octubre, con 237 votos afirmativos, nueve negativos y cuatro abstenciones. Posteriormente, recibió el respaldo de todos los senadores presentes durante la sesión del jueves 19 de noviembre.

Qué establece la Ley de Discapacidad tras la votación del Senado

Uno de los puntos centrales de la norma es la continuidad de las pensiones no contributivas por discapacidad, cuyo monto equivale al 70% del haber mínimo jubilatorio y se actualiza conforme a las reglas de movilidad previsional.

Además, la legislación permite compatibilizar el cobro de la pensión con un empleo formal o la inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos individuales no alcancen o superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.

Cuando se supera ese límite, la prestación puede quedar suspendida. Si la persona deja de trabajar o sus ingresos vuelven a ubicarse por debajo del tope establecido, podrá solicitar la rehabilitación del beneficio.

La percepción de la pensión también queda sujeta a los requisitos de acceso y a las incompatibilidades previstas en la nueva legislación.

Prestaciones, cobertura médica y pagos a prestadores

La nueva normativa busca garantizar la continuidad de las prestaciones básicas contempladas en la Ley 24.901. También establece la continuidad de la cobertura médica mediante el programa Incluir Salud.

Otro aspecto central es la actualización periódica de los aranceles que reciben los profesionales e instituciones que brindan servicios a personas con discapacidad. La medida busca establecer mecanismos que permitan sostener el funcionamiento del sistema prestacional.

En relación con las deudas acumuladas por el Estado, la ley establece un procedimiento para regularizar las compensaciones pendientes con instituciones y profesionales del sector.

La autoridad correspondiente deberá publicar un cronograma de pagos dentro de los 30 días corridos desde la entrada en vigencia de la norma. Además, establece un plazo máximo de 90 días para cancelar las deudas comprendidas en el mecanismo, una vez cumplidos los trámites correspondientes.

Auditorías y controles sobre las pensiones

La ley incorpora un sistema de auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de los requisitos de acceso y permanencia en las pensiones no contributivas.

Los controles estarán a cargo de la autoridad competente e incluirán el cruce de información con distintos organismos públicos, entre ellos ANSES, ARCA y el Registro Nacional de las Personas.

La normativa también contempla garantías para los beneficiarios. Ante la detección de posibles incumplimientos, la persona deberá ser notificada y tendrá la posibilidad de presentar un descargo antes de que se adopte una decisión administrativa.

Asimismo, se prevén mecanismos para solicitar la rehabilitación provisoria de la prestación cuando el titular cuestione una suspensión y considere que continúa cumpliendo los requisitos establecidos.

La situación de las pensiones por discapacidad

Entre 2023 y septiembre de 2026, la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez cayó un 5,9%, mientras que el poder adquisitivo real de esas prestaciones disminuyó un 14,2%. Los datos corresponden a un análisis de Chequeado sobre cifras oficiales.

En paralelo, permanecían pendientes más de 200.000 solicitudes de pensión correspondientes a 2026, según la información difundida durante el debate legislativo.

La situación de las personas con discapacidad también adquirió visibilidad durante la reciente visita del papa León XIV a la Argentina. Durante su recorrido por el Pequeño Cottolengo de Don Orione, el pontífice compartió un encuentro con personas alojadas en la institución y expresó un mensaje sobre la inclusión y la responsabilidad social.

«El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales», afirmó León XIV durante su visita al centro, ubicado a unos 30 kilómetros de Buenos Aires.

El financiamiento del sistema de discapacidad

En materia presupuestaria, la norma establece que los recursos destinados al área no podrán ser inferiores, en términos reales, a los del período anterior.

También dispone que las partidas presupuestarias deberán contemplar los fondos necesarios para sostener las prestaciones y los programas de atención. Si los recursos asignados al Ministerio de Salud resultan insuficientes, podrá solicitarse la intervención del Tesoro Nacional.

La votación del Senado por la Ley de Discapacidad marcó el cierre del trámite parlamentario y dio paso a una nueva etapa para la implementación del régimen permanente.

La aprobación se produjo después de meses de reclamos de organizaciones, familias y prestadores por la situación del sistema y las dificultades para sostener las prestaciones.

Con la sanción del Congreso, el país contará con un régimen permanente que reemplaza el esquema de emergencia. La reglamentación, la ejecución presupuestaria y el cumplimiento de los compromisos con los prestadores serán aspectos centrales para determinar el alcance concreto de la nueva legislación.

Fuentes: Senado de la Nación Argentina; Agencia EFE; Chequeado.