Agencia NA (redes)
BUENOS AIRES, 8 de septiembre de 2026.- Régimen Penal Juvenil: la jueza que suspendió por 60 días su aplicación en la provincia de Buenos Aires rompió el silencio. Además, explicó los motivos de su decisión. Marta Elba Pascual aclaró que su planteo no apunta contra la reducción de la edad de imputabilidad. En cambio, apunta contra las condiciones en las que arrancaría a funcionar el nuevo sistema.
El régimen penal juvenil y la falta de infraestructura
La magistrada advirtió que la Provincia no cuenta hoy con la infraestructura ni los recursos necesarios. Esto, señaló, resulta clave para afrontar un eventual aumento de adolescentes privados de su libertad. “Soy del Conurbano, y con esta ley no vamos a crear más seguridad”, sostuvo Pascual en declaraciones radiales. Además, remarcó que no desconoce la problemática de los delitos cometidos por menores.
En ese sentido, la jueza explicó que su preocupación está ligada a las condiciones de alojamiento. También mencionó las herramientas disponibles para quienes ingresen al sistema. “Un chico encerrado sin educación, sin oficio, sin terapia, llega a los 18 años y lo podemos mandar a una unidad carcelaria que funciona como una escuela de delito”, señaló.
El Régimen Penal Juvenil y las críticas a la jueza
Pascual también respondió a los cuestionamientos que recibió por su resolución. Aseguró que no se opone a que la edad de imputabilidad baje a los 14 años. “Yo garantista soy de la ley y, además de la ley, quiero seguridad. Tengo hijos, camino todo el día por el Conurbano y quiero vivir tranquilamente”, planteó ante las críticas.
La suspensión de la ley fue dispuesta luego de un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo. Para la magistrada, antes de ampliar el universo de adolescentes alcanzados por el régimen es necesario garantizar que existan establecimientos, personal especializado y recursos suficientes.
¿Qué pasa en los próximos 60 días?
La medida tiene carácter preventivo y se extenderá durante 60 días. En consecuencia, la Justicia buscará durante ese plazo que las autoridades bonaerenses informen cómo se implementará el nuevo régimen y con qué recursos contará.