BUENOS AIRES, 4 de junio de 2026.- El asesinato de una nena de 14 años en Córdoba volvió a poner al feminicidio en Argentina en el centro del debate político. Once años después de que el crimen de Chiara Páez diera origen al movimiento Ni Una Menos, miles de personas marcharon el miércoles en Buenos Aires y en todo el país para exigir justicia por Agostina Vega, cuyo cuerpo fue hallado desmembrado en una zanja de drenaje una semana después de su desaparición.
El caso no solo conmovió a la sociedad. También expuso las tensiones acumuladas entre el movimiento feminista y el gobierno de Javier Milei, que en los últimos dos años y medio desmanteló programas de asistencia a víctimas, disolvió el Ministerio de la Mujer y trabaja para endurecer las penas contra quienes denuncien falsamente casos de violencia de género.
El feminicidio en Argentina, en el ojo de la tormenta política
La noche del 23 de mayo, Agostina llegó a la casa de Claudio Barrelier, de 33 años y exnovio de su madre, con la intención de buscar un regalo. Según los primeros resultados de la autopsia, fue agredida sexualmente, ahorcada y su cuerpo fue desmembrado con un cuchillo de cocina. Un taxista y cámaras de seguridad confirmaron que la llevaron hasta ese domicilio.
La familia denunció su desaparición al día siguiente, pero la alerta de secuestro de menores tardó más de 80 horas en activarse en toda la provincia. La policía allanó la casa de Barrelier tres días después, en parte porque ese día las fuerzas de seguridad estaban concentradas en un partido de fútbol. Barrelier está detenido como principal sospechoso y niega el crimen. Sus antecedentes incluyen un arresto por secuestro del que quedó libre tras pagar una fianza de 3.500 dólares.
No obstante, la ministra de Seguridad de Córdoba, Alejandra Monteoliva, se negó a calificar el hecho como feminicidio. Para los defensores de las víctimas, esa decisión no es menor: la figura legal implica cadena perpetua obligatoria y permite diseñar políticas públicas de prevención.
Milei, Ni Una Menos y una batalla cultural que no para
Bajo esta premisa, el caso Agostina llegó en un momento de máxima tensión institucional. Milei calificó al movimiento feminista de “lucha ridícula y antinatural” y su ministro de Justicia anunció planes para eliminar el feminicidio del código penal, aunque la medida no prosperó. En paralelo, el gobierno desfinanció el programa Acompañar —que asistía a 350.000 mujeres— recortó dos tercios del presupuesto de la línea de atención a víctimas y eliminó la asistencia legal gratuita para casos de violencia doméstica.
Por su parte, las organizaciones de derechos humanos advierten que los números oficiales no reflejan la realidad. La Corte Suprema registró una baja del 12% en los informes de feminicidio el año pasado, pero activistas contabilizan más de 100 mujeres asesinadas en lo que va de 2026 que no fueron correctamente clasificadas.
“Dejar de llamar a los feminicidios por su nombre es un intento de retroceder 20 años”, advirtió Natalia Gherardi, del Equipo Latinoamericano por la Justicia y el Género.
El miércoles, miles de personas se concentraron frente al Congreso Nacional con carteles que llevaban los rostros de mujeres asesinadas o desaparecidas. La familia de Agostina encabezó una marcha en Córdoba bajo la misma bandera. Asistentes que no salían a protestar desde hacía años volvieron a las calles, muchas acompañadas por sus hijas.
“Nos están obligando a hablar de temas que creíamos zanjados”, resumió Lucila Galkin, de Amnistía Internacional Argentina. El feminicidio en Argentina dejó de ser solo una estadística. Volvió a ser una urgencia.
Con AP