MASSACHUSETTS, EE. UU., 25 de febrero de 2026.- ICE deportó ilegalmente a inmigrantes, determinó un juez federal de Massachusetts este miércoles. El magistrado concluyó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) expulsó personas a terceros países sin el debido proceso legal. La decisión del juez Brian E. Murphy subraya que estas acciones violan la constitución y la ley federal estadounidense.
El tribunal examinó la política de la administración de Donald Trump en un memorando de 80 páginas. Esta normativa permitía enviar personas a países distintos de los identificados en sus órdenes originales. El fallo explica que el procedimiento aplicado carecía de garantías procesales básicas para los afectados.
El fallo donde el ICE deportó ilegalmente a inmigrantes
La política cuestionada permitía remover personas a países terceros sin una notificación significativa. Tampoco otorgaba la oportunidad de presentar objeciones por temores de persecución o tortura. Debido a que el ICE deportó ilegalmente a inmigrantes, el juez sostuvo que el debido proceso exige una oportunidad real de ser escuchado.
“El gobierno no puede ejecutar una deportación que extinga la posibilidad de impugnarla”, sentenció el magistrado. El texto judicial detalla que el DHS realizaba estas expulsiones basándose en supuestas garantías diplomáticas. Sin embargo, el organismo no estableció un mecanismo para que el afectado cuestione la seguridad del país receptor.
Violación constitucional y efectos de la decisión judicial
La práctica es incompatible con la cláusula de debido proceso de la quinta enmienda. El tribunal subrayó que la constitución protege a las personas contra privaciones de libertad sin un procedimiento adecuado. El magistrado señaló que la política federal intentaba sustituir protecciones legales existentes con salvaguardas equivalentes pero insuficientes.
Tras confirmarse que el ICE deportó ilegalmente a inmigrantes, el juez concedió parte de la solicitud de los demandantes. También rechazó el pedido del gobierno para desestimar la demanda. El gobierno tiene ahora 15 días para solicitar una suspensión de la decisión ante el tribunal de apelaciones correspondiente. Mientras tanto, el fallo frena las remociones a terceros países.
(ct/eldiariony/ap)