RIO DE JANEIRO, BRASIL, 4 de febrero de 2026.- La situación de Agostina Páez dio un vuelco dramático en las últimas horas. La justicia de Río de Janeiro decidió subir la apuesta y solicitó formalmente la prisión preventiva para la abogada argentina de 29 años, quien se encuentra retenida en Brasil desde mediados de enero. Aunque la joven ya cumple con el uso de tobillera electrónica y tiene prohibido salir del país, los fiscales cariocas consideran que estas medidas no alcanzan para “neutralizar el peligro procesal”.
¿Broma privada o injuria racial?
La acusación del Ministerio Público es tajante: sostiene que Páez realizó gestos discriminatorios que “extrapolaron cualquier malentendido” durante una discusión en un bar de Ipanema. Un punto clave que inclina la balanza en su contra es el testimonio de una de sus acompañantes, quien habría intentado detener los ademanes de la influencer, lo que para la fiscalía demuestra que existía plena conciencia de que se estaba cometiendo un delito.
Sin embargo, la defensa encabezada por Sebastián Robles contraataca. Aseguran que la situación de Agostina Páez está siendo manipulada por una interpretación “desproporcionada” de la ley brasileña. Según el letrado, los gestos fueron una humorada interna entre amigas y no un ataque directo, enmarcado además en un contexto de hostigamiento previo por parte de los empleados del local.
El video que podría cambiar la historia
En medio del pedido de detención, apareció una prueba que la defensa considera el “as bajo la manga”: un registro de cámaras de seguridad donde se observa a uno de los mozos del bar realizando gestos obscenos y tocándose los genitales frente a las turistas argentinas en plena calle.
Para los abogados de la joven, este video es la prueba de que el personal del bar provocó y humilló a las mujeres tras una disputa por un error en la factura. “Es una locura pedir prisión preventiva cuando hubo una provocación previa tan clara”, señalaron desde el entorno de la abogada.
Un laberinto judicial sin fianza
El panorama para Páez es complejo porque, tras una reciente reforma en el Código Penal de Brasil, la injuria racial ya no permite la excarcelación mediante el pago de fianza. Con una pena que oscila entre los dos y cinco años, la abogada e influencer ahora espera que el tribunal decida si ratifica su libertad controlada o si, como pide el fiscal, debe esperar el juicio tras las rejas.