Buenos Aires, 27 de enero de 2026.- El presidente Javier Milei oficializó este martes la inclusión del debate por la baja de la edad de imputabilidad en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso. La medida se concretó mediante el Decreto 53/2026, firmado por el mandatario y su ministro Manuel Adorni. Esta acción cumple la promesa realizada anoche en Mar del Plata y habilita la discusión de proyectos para modificar el Régimen Penal Juvenil. El Ejecutivo buscará bajar el piso de punibilidad, actualmente en 16 años.
El texto legal, publicado en el Boletín Oficial, es breve pero directo. En su artículo primero, ordena incluir en el temario del Congreso “la consideración de los Proyectos de Ley vinculados al Régimen Penal Juvenil”. Este marco administrativo respalda el anuncio político que Milei hizo horas antes. Frente a sus seguidores, el Presidente sentenció: “En Argentina el que las hace las paga; delito de adulto, pena de adulto”.
La iniciativa que enviará el Gobierno, impulsada por las carteras de Seguridad y Justicia, busca reformar el régimen penal juvenil vigente desde la última dictadura militar. El cambio central es la reducción de la edad mínima para ser imputado. El objetivo es que adolescentes que cometan delitos graves puedan ser juzgados y condenados penalmente, incluso si tienen menos de 16 años, el límite actual.
El proceso fue rápido. Milei lanzó la promesa durante un acto en Mar del Plata la noche del lunes. En la mañana del martes, el decreto ya estaba firmado y publicado. Esta celeridad refleja la prioridad de la agenda “anti-impunidad” del oficialismo. Además, fuerza al Parlamento a colocar un tema de alta sensibilidad social en su agenda inmediata.
Un trámite legislativo complejo por delante
Con el tema incluido en la convocatoria extraordinaria, el Congreso deberá recibir el texto y dar inicio al debate en comisiones. Sin embargo, una reforma de esta magnitud enfrenta un camino parlamentario arduo. Se prevé una discusión polarizada, donde la oposición ya ha manifestado su rechazo. El Gobierno, no obstante, apuesta a instalar el debate público y presionar por su tratamiento prioritario.