Buenos Aires, 19 de enero de 2026 (Mi Periódico).- Mientras una infracción de tránsito se multa de inmediato, arrojar escombros y todo tipo de residuos frente a escuelas en Loma Hermosa no tiene consecuencias. Esa impunidad no es un descuido: es el combustible de un negocio que factura con la degradación del barrio.
En la zona norte del partido de Tres de Febrero, los barrios Loma Hermosa, Pablo Podestá, Churruca y 11 de Septiembre están literalmente rodeados. No por un ejército, sino por basura ilegal que inunda sus calles con total impunidad. Los residuos se arrojan frente a cámaras de seguridad y bajo la mirada de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que, lejos de sancionar, liberan zonas para luego facturar la limpieza, una y otra vez, de lo que otros vuelcan de manera ilegal.
El negocio es tan evidente como eficaz: cuanto más caos se tolera, más contratos de limpieza se justifican. En el medio, vecinos que denuncian son amenazados y hostigados mientras intentan, sin éxito, frenar este avance constante de deterioro social y ambiental.
Siempre aparece el mismo argumento para simplificar y eludir responsabilidades: “Son los mismos vecinos”. Repetida como un mantra por quienes deberían investigar y sancionar, la frase funciona como coartada perfecta. Reduce un sistema organizado de descarga ilegal —con camionetas, horarios fijos y amenazas— a un supuesto problema de falta de civismo. Mientras se señala al vecino con una bolsa, se desvía la mirada de la camioneta con patente de otro distrito que descarga escombros todas las madrugadas en la misma esquina, frente a la misma cámara que nunca genera una multa.
¿Cómo puede ser que todos los días, a la misma hora y en el mismo lugar, se vuelquen restos de obra, escombros y residuos prohibidos sin que exista un solo sancionado? ¿Cómo se explica la ausencia total de operativos preventivos, incluso cuando hay órdenes judiciales explícitas que obligan al municipio a impedir el vuelco de desperdicios? La respuesta aparece al formular una pregunta más incómoda: ¿por qué la ley ordena erradicar los basurales a cielo abierto, pero aquí, en lugar de erradicarlos, solo se los “gestiona”?
La diferencia es el negocio. Erradicar implica atacar la causa: vigilancia real, multas ejemplares y cierre del circuito ilegal. Eso termina con el problema, pero también con el flujo constante de dinero hacia los servicios de limpieza recurrentes. “Gestionar”, en cambio, significa retirar lo acumulado, facturar el servicio y dejar intactas las condiciones para que el basural vuelva a formarse. Es la formalización de un círculo vicioso en el que el municipio se convierte en socio necesario del delito ambiental.
Este circuito está documentado en siete esquinas emblemáticas de Loma Hermosa: Iguazú y Tucumán (frente a la Escuela 36), Tucumán y Churruca (frente al Jardín 921), la plaza Churruca, Miramar y Soldado Caballero, Hugo del Carril y Brasil, Santiago del Estero y Hugo del Carril, Hugo del Carril y el Metrobús R8, y Hugo del Carril y París. En cada una, el ritual se repite sin variaciones:
Descarga ilegal sin sanción;
Amenazas a testigos;
Acumulación y caos;
Retiro municipal dos o tres veces por semana;
Reinicio del ciclo.
Las cámaras registran el primer paso. Las denuncias documentan el segundo. Las órdenes judiciales exigen frenar el circuito. Sin embargo, la única acción constante es la cuarta: la limpieza facturada.
Decir “son los vecinos” es una simplificación cómplice. Es ignorar órdenes judiciales incumplidas, cámaras que no multan, ausencia total de operativos y un patrón territorial imposible de negar. Es proteger el verdadero mecanismo: la impunidad como política y la remediación eterna como negocio. Mientras el falso debate se centra en la responsabilidad individual, el sistema sigue girando, degradando barrios y drenando fondos públicos.
Cuando un Estado prefiere “gestionar” un problema en lugar de resolverlo, admite que le resulta más rentable la existencia del conflicto que su solución. Cuando los vecinos son amenazados por intentar defender su barrio de la basura ilegal, la ley deja de regir en el territorio. Y cuando esto se repite de manera sistemática en cuatro barrios, ya no se trata de un hecho aislado: es el diseño de una zona liberada, donde la autoridad no está ausente, sino alineada con el cártel.
Para estos barrios, vivir rodeados de microbasurales ilegales no es solo una postal de abandono. Es convivir a diario con ratas, alimañas, humo tóxico por la quema de residuos, calles intransitables y espacios públicos inutilizados. Es que escuelas, jardines y plazas queden cercados por basura, afectando la salud, la seguridad y la vida cotidiana de miles de familias. Es, además, la pérdida sistemática de valor del barrio y la naturalización de un mensaje devastador: que en estos territorios la ley no rige y el Estado solo aparece para facturar la limpieza, no para garantizar derechos.
Por eso MiPeriódico exige respuestas concretas a una cadena de complicidades que va desde quien arroja los residuos hasta quien firma los contratos de limpieza:
Empresas: ¿qué firmas reciben los contratos recurrentes de “limpieza de emergencia” en estos barrios?
Multas: ¿cuántas actas se labraron por vuelco ilegal en estas esquinas en los últimos doce meses? La respuesta oficial, hasta ahora, es cero.
Órdenes judiciales: ¿por qué los funcionarios municipales no son investigados por incumplir mandatos judiciales?
La basura ilegal en las calles no es el problema central. Es el síntoma de un municipio que convirtió la aplicación de la ley en un mal negocio y su incumplimiento en el único rentable. La próxima vez que un funcionario diga “son los vecinos”, que muestre las multas. O que admita, sin rodeos, que su función no es erradicar el delito, sino administrar sus ganancias.
Vivir en un ambiente sano no es una concesión ni un privilegio: es un derecho constitucional. En Tres de Febrero, ese derecho está siendo vulnerado de manera sistemática.
La proliferación de microbasurales ilegales, la falta de prevención y la ausencia de sanciones no solo expresan desidia, sino un incumplimiento directo de las obligaciones que la Constitución impone a las autoridades.
Cuando el Estado no garantiza condiciones básicas de salubridad y permite que barrios enteros queden rodeados de residuos ilegales, no hay vacío de poder: hay funcionarios que actúan como si estuvieran por encima de la ley, administrando la excepción en lugar de hacerla cumplir.