Por Keno Verseck
15 de diciembre de 2025 (DW).- Fiscales y jueces de alto rango, algunos anónimos, otros identificados y mostrados, describen en detalle cómo el Poder Judicial rumano está controlado políticamente: cómo importantes casos de corrupción política desaparecen en los cajones, cómo fiscales y jueces concienzudos se ven frenados y castigados por sus superiores, y cómo algunos políticos y funcionarios malversan millones de dólares sin ser castigados. En Rumania, dice un alto funcionario judicial con resignación en el recién estrenado documental, el sistema judicial languidece.
El documental, de dos horas, titulado ‘Justicia secuestrada’ y producido por la plataforma de periodistas rumanos Recorder, fue publicado el pasado martes (09.12.2025). Está sacudiendo la clase política y la opinión pública del país del sureste europeo. En dos días y medio, acumuló más de tres millones de vistas en YouTube. Actualmente, es el tema principal en todos los medios del país.
Desde el miércoles, personas indignadas se manifiestan cada noche en la capital, Bucarest, y en varias otras ciudades contra el estado del Poder Judicial y su influencia política. El presidente rumano, Nicusor Dan, en una publicación de Facebook sobre la investigación, abogó por una reforma judicial más consistente. Recibió decenas de miles de “me gusta”, pero también miles de comentarios, algunos indignados, que le pedían que pasara de sus palabras a la acción.
El problema de un poder judicial manipulado y la prolongada lucha contra la corrupción ha preocupado a la opinión pública rumana durante décadas. En los últimos años, ha provocado reiteradas protestas masivas, crisis políticas y cambios de gobierno. También ha habido numerosos intentos de reformar el poder judicial e independizarlo de la política, pero sin éxito a largo plazo.
En ese sentido, lo que exponen las imágenes no es nuevo. Fiscales y jueces han examinado repetidamente y de forma crítica el sistema judicial en el pasado. Lo nuevo en el documental es el número de fiscales y jueces de alto rango que ahora se pronuncian al respecto, y la cantidad de detalles con los que hablan sobre la influencia de los políticos y los altos funcionarios del aparato judicial en la Justicia.
Apenas hay condenas
Uno de los que aparecen en cámara es Liviu Lascu, fiscal y exjefe de la división militar de la Dirección Nacional Anticorrupción (DNA). La DNA es el organismo más importante de Rumania en la lucha contra la corrupción política generalizada. En la película, Lascu relata cómo fue despojado de casos de corrupción plenamente documentados dentro del aparato militar y de seguridad rumano y obligado a dimitir de su cargo.
Crin Bologa, exdirector de la Dirección Nacional Anticorrupción (DNA), quien ocupó el cargo hasta marzo de 2023, también se pronuncia, afirmando tener la impresión de que la DNA fue purgada de fiscales incómodos bajo el mandato de su sucesor, Marius Voineag. Esto también explicaría por qué apenas se han producido condenas por corrupción en Rumania durante tiempo.
Dos jueces de alto rango analizan en el documental cómo se reemplazó a jueces en casos de corrupción política cuando los acusados se enfrentaban a penas de prisión. Las acusaciones se dirigen principalmente a Lia Savonea, expresidenta del Consejo Supremo de la Magistratura, un órgano de autogobierno y supervisión del poder judicial rumano con amplios poderes.
Una odisea hasta la prescripción
Un caso destacado, al que se dedica gran parte de la cinta, es el del exalcalde del distrito de Bucarest, Marian Vanghelie, que estuvo años en los tribunales por abuso de poder, cohecho y lavado de dinero. Tras una condena inicial a más de once años de prisión, siguió una auténtica odisea judicial, hasta que en marzo de 2025 se anularon todos los procedimientos contra él por haber prescrito los delitos. Los comentaristas se refirieron a su caso como un “fracaso ejemplar de la Justicia”.
El documental ya ha provocado un terremoto político en Rumania. El jueves 11 de diciembre de 2025, el Tribunal de Apelación de Bucarest, principal tribunal responsable del caso Vanghelie, celebró su primera rueda de prensa. La jueza Liana Arsenie pretendía defenderse de las acusaciones de los realizadores de Recorder, pero la rueda de prensa terminó en un bochorno público. Una de las juezas del tribunal presente, Raluca Morosanu, confirmó las acusaciones del documental a la prensa reunida. En nombre de sus colegas, declaró: “Simplemente nos están aterrorizando con procedimientos disciplinarios y todo lo que se sabe que nos sucede”.
Situación económica precaria
El estreno de la investigación llega en un momento crítico para el gobierno rumano y el presidente, Nicusor Dan. Rumania se enfrenta a una situación económica difícil y registró el mayor déficit presupuestario de la UE en 2024, con un 9,3 por ciento. El objetivo para este año es del 7 por ciento, lo que seguiría estando en niveles muy negativos.
Tras un período turbulento en la política nacional, durante el cual un político de extrema derecha casi llegó a la presidencia de Rumania, el exactivista anticorrupción liberal-conservador Nicusor Dan ha ocupado el cargo desde mayo de 2025. Con grandes dificultades, en junio de 2025 se formó una gran coalición cuatripartita bajo el liderazgo del primer ministro Ilie Boloyan, del Partido Nacional Liberal (PNL).
Mientras tanto, el presidente de Rumania está tratando de abordar el problema del secuestro del poder judicial. En Facebook, invitó a todos los fiscales y jueces insatisfechos a un “debate abierto” el 22 de diciembre. La fecha tiene un gran valor simbólico: ese mismo día en 1989 terminó el régimen arbitrario del dictador Nicolae Ceausescu.