Buenos Aires, 29 de octubre de 2025.- La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, anunció el establecimiento de una alerta máxima en las fronteras con Brasil para frenar el ingreso de involucrados en la violencia narco desatada en Río de Janeiro. Este operativo busca prevenir que los criminales vinculados al Comando Vermelho, una de las organizaciones más poderosas de Brasil, crucen hacia territorio argentino.
Bullrich detalló que se intensificarán los controles para los ciudadanos brasileños que intenten ingresar por la Triple Frontera, sin aumentar el número de efectivos en los pasos fronterizos. “Es un modelo de alerta para vigilar más de cerca a los viajeros que puedan tener antecedentes”, explicó la ministra.
Hasta el 10 de diciembre, el Ministerio de Seguridad coordinará con la Dirección Nacional de Migraciones un sistema de alertas que optimice la supervisión de los ingresos. “Este sistema no afectará a turistas, pero en la Triple Frontera hay un gran flujo de personas”, aclaró.
Desde que se activaron los primeros mecanismos el pasado martes, las Fuerzas Federales aumentaron los controles y patrullajes en las zonas de frontera. La situación de violencia en Río de Janeiro, que ya ha dejado al menos 132 muertos, ha adquirido relevancia internacional. La operación contra el Comando Vermelho en los barrios de Penha y Alemao está causando una alta cifra de víctimas, tanto entre civiles como entre efectivos policiales.
El conflicto escaló cuando se confirmaron importantes decomisos de armas y drogas: 93 fusiles y media tonelada de sustancias ilegales. Esta situación generó preocupación en las autoridades brasileñas, quienes elevaron su reclamo al gobierno federal. En respuesta, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva envió una comitiva de alto nivel, incluida la ministra de Justicia, Ricardo Lewandowski, y el director de la Policía Federal, William Marcel Murad.
Lula, quien estaba en una gira por el sudeste asiático, regresó de urgencia para evaluar la crisis. El gobierno también puso a disposición las cárceles federales de máxima seguridad para alojar a los detenidos, tal como lo solicitó el gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro.
Con Infobae/La Nación