San Salvador, 1 de octubre de 2025.- Amnistía Internacional acusó al gobierno de El Salvador de usar el sistema penal como herramienta para criminalizar a defensores de derechos humanos. Según la organización, el régimen de excepción y las reformas judiciales han debilitado el Estado de Derecho, consolidando un aparato represivo orientado a silenciar la disidencia.
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía, afirmó que protestar o defender derechos puede costar la libertad. Señaló que el sistema penal dejó de ser imparcial y ahora se utiliza para reprimir el activismo social y político.
La ONG alertó sobre el uso de figuras penales vagas, como “agrupaciones ilícitas” y “organizaciones terroristas”, para justificar detenciones arbitrarias. Indicó que líderes comunitarios, sindicalistas y defensores ambientales son blanco frecuente de estas prácticas.
Organizaciones locales reportan más de 70 casos en los que personas fueron privadas de libertad sin pruebas, ni garantías judiciales básicas. Amnistía recordó que en julio declaró prisioneros de conciencia a tres activistas: Ruth López, Alejandro Henríquez y José Ángel Pérez.
La situación carcelaria también fue calificada como alarmante. La entidad denunció incomunicación prolongada, hacinamiento, falta de atención médica y condiciones inhumanas. Según el informe, incluso abogados críticos del gobierno, como Enrique Anaya y Fidel Zavala, enfrentan estos abusos.
Amnistía pidió la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas solo por ejercer sus derechos pacíficamente. Advirtió que la represión ha generado autocensura, miedo y una reducción preocupante del espacio cívico.