Buenos Aires, 22 de septiembre de 2025.- El proyecto de Presupuesto 2026 presentado por el Gobierno de Javier Milei confirma que la política de ajuste continuará, aunque con una leve moderación. Según lo proyectado, el gasto público tendrá un incremento del 5,9% en términos reales respecto a 2025. Sin embargo, esta suba no alcanza a revertir el severo recorte aplicado durante el primer año y medio de la gestión ni se distribuye de forma uniforme entre las distintas áreas del Estado.
En lo que respecta a las jubilaciones, no habrá refuerzos ni actualizaciones adicionales. La fórmula de movilidad se mantendrá sin cambios, y el bono de 70.000 pesos para los haberes mínimos permanecerá congelado desde marzo de 2024. Esto afecta directamente el poder adquisitivo de casi tres millones de jubilados. En paralelo, se proyecta un incremento del 5,4% real para el pago general de jubilaciones, mientras que la partida destinada a los bonos se reduciría un 13,5% en términos reales, según datos de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP).
Otro punto crítico es la eliminación de la movilidad automática para las asignaciones familiares. Estas prestaciones, que hoy se actualizan por inflación, pasarían a depender de decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo, abarcando desde la Asignación Universal por Hijo (AUH) hasta ayudas por nacimiento o discapacidad.
En el área energética, se anticipa una fuerte reducción en los subsidios. El gasto previsto en este rubro para 2026 será de casi cuatro billones de pesos, lo que implica una caída del 12,4% en comparación con 2025 y del 68,5% respecto de 2023. Como consecuencia, se espera un nuevo aumento en las tarifas de luz y gas para los hogares. A su vez, el Gobierno propone compensaciones millonarias para empresas distribuidoras como Edenor, Edesur y operadoras provinciales por pérdidas acumuladas en años anteriores. Estas sumas podrían usarse para saldar deudas con Cammesa, según establece el artículo 74 del proyecto.
También se eliminaría la ampliación del régimen de zonas frías aprobada en 2021. De este modo, más de tres millones de hogares en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza perderían el beneficio tarifario, que volvería a aplicarse únicamente en regiones como la Patagonia, la Puna y el departamento Malargüe.
A diferencia de otros sectores, el transporte público recibiría un leve alivio. Los subsidios al transporte automotor se incrementarían un 0,5% en términos reales, mientras que los destinados a los trenes crecerían un 2%. Esto marca un cambio tras los ajustes severos implementados en los dos años previos.
En materia tributaria, no se prevén reformas ni reducciones de impuestos. Por el contrario, la presión impositiva se incrementaría de 21,3 a 21,77 puntos del PBI. La mayor recaudación se explicaría por la evolución de variables macroeconómicas, según argumenta el Gobierno. Los únicos ingresos fiscales que mostrarían una caída son los provenientes del impuesto a los Bienes Personales, que sufriría una baja real del 24% debido a la reducción progresiva de sus alícuotas. En contraste, el impuesto a los combustibles crecería un 50,6% y el impuesto a las ganancias un 9%. También se proyectan aumentos en las retenciones a la exportación e importación.
Por otro lado, los llamados gastos tributarios —beneficios fiscales y exenciones— se mantendrían prácticamente sin cambios, implicando una pérdida de recaudación estimada en 35,2 billones de pesos (3,42% del PBI). Esta cifra incluye exenciones al Poder Judicial, regímenes de promoción como el de Tierra del Fuego, y beneficios en IVA para servicios médicos y educativos, entre otros. Pese a las críticas recurrentes, ningún gobierno ha avanzado en una revisión de este apartado.
Respecto de las transferencias a las provincias, el presupuesto prevé un alivio parcial tras casi dos años de recortes. Las transferencias automáticas por coparticipación aumentarían un 6,5% en términos reales, según Politikon Chaco. Las no automáticas, en cambio, mostrarían un comportamiento dispar: las corrientes subirían un 9,2%, pero las de capital —destinadas a obras públicas— caerían un 34,7%. A pesar de esta recuperación parcial, los montos siguen muy por debajo de los niveles de 2023.
Dentro de las partidas no automáticas se destaca el incremento en los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), con un presupuesto de 569.426 millones de pesos, lo que representa una suba del 147% real. No obstante, también se contempla una baja significativa del 57,9% en los envíos a provincias que no transfirieron sus cajas jubilatorias a la Nación.
El rubro de obras públicas, uno de los más afectados por el ajuste libertario, experimentaría una suba del 32% real para 2026, alcanzando los 3,29 billones de pesos. Sin embargo, esta cifra representa aún una caída del 74,7% frente a 2023. La Dirección Nacional de Vialidad recibiría un refuerzo notable, lo que indica un cambio de postura del Gobierno ante las críticas por el deterioro de las rutas. En contraste, las partidas para vivienda y urbanismo caerían un 6,9%, y las destinadas a agua potable y alcantarillado se reducirían un 0,9%.
Finalmente, el gasto en servicios sociales subiría un 6,4% interanual en términos reales. Según ACIJ, aunque este aumento representa un leve repunte, resulta insuficiente para compensar los recortes acumulados en 2024 y 2025. Solo algunos sectores, como salud y seguridad social, mostrarían una recuperación real. En cambio, áreas como educación continuarían con niveles inferiores a los del trienio anterior.
Con La Nación