Buenos Aires, 3 de septiembre de 2025.- El Gobierno nacional decidió revertir una serie de medidas que habían dispuesto la fusión, disolución o modificación de distintos organismos públicos. A través de los Decretos 627/2025 y 628/2025, publicados recientemente en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo dejó sin efecto normas anteriores que habían sido rechazadas por ambas Cámaras del Congreso.
Con esta decisión, vuelven a estar en vigencia todas las disposiciones que habían sido derogadas, sustituidas o modificadas por los Decretos 345/25, 351/25, 461/25 y 462/25. Así lo establece el texto oficial, que restituye el marco normativo previo a esas resoluciones.
Entre las medidas anuladas, se encuentra la fusión del Instituto Nacional Yrigoyeniano con el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas. También se canceló la incorporación del Banco Nacional de Datos Genéticos como organismo desconcentrado de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.
Asimismo, quedó sin efecto la disolución de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, dependiente de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y de la Dirección Nacional de Vialidad. En la misma línea, se frenó la eliminación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME).
El Ejecutivo también restituyó los objetivos originales del Teatro Nacional Cervantes, así como la estructura organizativa del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y las facultades de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.
Por otra parte, se restablecieron las funciones del Director Ejecutivo de la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, y se reactivaron las obligaciones de la Secretaría de Hacienda.
Los decretos precisan que todas las estructuras organizativas serán restituidas según su redacción vigente al momento de dictarse los decretos ahora anulados, con fechas entre el 1.° y el 14 de agosto de 2025.
Durante esta transición, la Jefatura de Gabinete, la Secretaría General de la Presidencia y el Ministerio de Economía asumirán de forma temporal la cobertura de los servicios administrativos, financieros y jurídicos hasta que cada organismo retome sus funciones habituales.