EE. UU., 3 de septiembre de 2025 (Mi Periódico).- El gobernador de California, Gavin Newsom, celebró este martes la decisión de un tribunal federal que declaró ilegal el despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles, ordenado por el expresidente Donald Trump en junio. La resolución judicial representa una victoria política para Newsom y refuerza su postura crítica hacia la anterior administración republicana, bajo el argumento de que “ningún presidente es rey”.
El fallo fue emitido por el juez Charles Breyer, de la Corte del Distrito Norte de California en San Francisco, quien concluyó que la movilización de aproximadamente 5,000 soldados violó la Ley Posse Comitatus. Esta norma prohíbe el uso del Ejército y la Fuerza Aérea para funciones de orden público sin autorización expresa del Congreso o respaldo constitucional.
Según el dictamen, las tropas desplegadas realizaron tareas propias de seguridad interna. Entre ellas, se incluyeron controles de tráfico, vigilancia de perímetros, control de multitudes y demostraciones de fuerza militar. Estas acciones, precisó el juez, transgreden los límites legales establecidos para la intervención de fuerzas armadas en suelo nacional.
En consecuencia, el tribunal ordenó al Ejecutivo federal abstenerse de reactivar la Guardia Nacional de California salvo que exista una excepción legal claramente justificada.
Newsom, junto al fiscal general del estado, Rob Bonta, promovió la demanda contra la administración Trump. En un comunicado oficial, el gobernador calificó la sentencia como una reafirmación del principio de federalismo. “Hoy, el tribunal falló a favor de la democracia y la Constitución. Ningún presidente es rey, ni siquiera Trump, y ningún presidente puede pisotear el poder de un estado para proteger a su pueblo”, declaró.
El fiscal Bonta también reaccionó con dureza. Acusó al entonces presidente de convertir a la Guardia Nacional y a unos 300 marines en instrumentos de propaganda. Según Bonta, se trató de “un teatro político” con fines antiinmigrantes, aun cuando las protestas locales ya habían sido controladas por las autoridades californianas.
La disputa entre el gobierno estatal y la Casa Blanca se intensificó después de que Trump enviara tropas sin el consentimiento del gobernador. Esta acción no tenía precedentes similares en el país desde 1965. El presidente justificó su decisión alegando que la policía de Los Ángeles no podía contener las manifestaciones. No obstante, informes estatales contradijeron esa versión, señalando que las concentraciones ya se habían disuelto antes del despliegue.
El fallo judicial representa un obstáculo para los planes del entonces mandatario, quien había amenazado con enviar fuerzas militares a otras ciudades gobernadas por demócratas. Entre ellas, mencionó a Chicago, a la que calificó como “la ciudad más peligrosa del mundo”.
Paralelamente, Trump ya había dispuesto el envío de más de 800 efectivos de la Guardia Nacional a Washington D.C., medida que incluyó la colocación del Departamento de Policía local bajo control federal, como parte de su estrategia contra el crimen urbano.
Con AP/eldiariony