Buenos Aires, 1 de septiembre de 2025.- El Gobierno nacional presentó una denuncia ante la Justicia Federal por una presunta operación de inteligencia ilegal que tuvo como blanco a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. Según detalló el vocero presidencial Manuel Adorni, se habrían grabado conversaciones privadas de Milei y otros funcionarios, manipuladas y difundidas con el propósito de condicionar al Ejecutivo y alterar el proceso electoral en curso.
La denuncia judicial menciona una “maniobra golpista” y plantea que el episodio no fue una simple filtración, sino un ataque deliberado y planificado. El comunicado oficial surge poco después de que se hicieran públicos audios atribuidos a Karina Milei, difundidos por el canal de streaming Carnaval, en medio del escándalo generado por las declaraciones de Diego Spagnuolo sobre presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
En los registros revelados, Milei no hace referencia directa a ese caso, aunque se advierte que serían apenas el comienzo de una serie de nuevas grabaciones que podrían incluir a más integrantes del Gabinete. “No podemos entrar en la pelea entre nosotros. Tenemos que estar unidos”, se la escucha decir en uno de los audios difundidos por el periodista Mauro Federico, quien también había publicado el material relacionado con Spagnuolo.
En otra grabación, Karina Milei menciona su rutina laboral dentro de la Casa Rosada, lo que evidenciaría que fue grabada sin consentimiento. En el Ejecutivo interpretaron estos hechos como una señal grave, no por el contenido, sino por lo que implica en términos de seguridad institucional. “Si pudieron grabar a la persona más cercana al Presidente, nadie está exento”, expresó un funcionario.
Fuentes del entorno presidencial aseguran que habría audios comprometidos de otros ministros, y que se prepara una nueva tanda de filtraciones. La posibilidad de una intervención clandestina dentro de la sede del Poder Ejecutivo generó alarma en el círculo más cercano al Presidente, que se reunió de urgencia en la Casa Rosada. Participaron Adorni, el asesor Santiago Caputo, el viceministro de Justicia Sebastián Amerio y el apoderado de La Libertad Avanza, Santiago Viola. Más tarde, se sumaron miembros de la Procuración del Tesoro.
La denuncia penal fue presentada por el Ministerio de Seguridad Nacional, con la firma del director nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales, Fernando Oscar Soto, por indicación de la ministra Patricia Bullrich. El documento advierte sobre la “producción, manipulación y difusión sistemática” de grabaciones de funcionarios, como parte de una campaña destinada a erosionar al Gobierno y desinformar a la ciudadanía.
Desde el Ministerio sostienen que el objetivo de la maniobra sería generar un impacto político en plena campaña, alterando la percepción pública y desestabilizando los indicadores económicos. Solicitan como medida cautelar la prohibición inmediata de difundir o reproducir los audios obtenidos, para preservar la legalidad y garantizar la transparencia democrática.
El escrito considera que las grabaciones podrían haberse realizado dentro de la Casa Rosada o en otras dependencias públicas, lo que agrava el cuadro de situación. El Gobierno interpreta que esta acción responde a una estrategia política orientada a influir en el resultado de las elecciones legislativas del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, y de los comicios nacionales del 26 de octubre.
El Ministerio califica la maniobra como una operación de inteligencia no institucional, ejecutada con el objetivo de dañar figuras centrales del oficialismo. Asegura que los audios fueron utilizados por una “organización criminal” que busca alterar el clima electoral y generar violencia en las apariciones públicas de funcionarios, valiéndose de medios y redes sociales seleccionados para amplificar el efecto.