Buenos Aires, 22 de agosto de 2025.- El Gobierno nacional oficializó este viernes la intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad mediante el Decreto 601/2025, publicado en el Boletín Oficial. La medida incluye el nombramiento del médico Alejandro Vilches como nuevo interventor, tras la salida de Diego Spagnuolo, desplazado en medio de un escándalo por presuntas coimas reveladas en una serie de audios filtrados.
Según el decreto, la intervención tendrá una duración de 180 días. Durante ese período, se buscará reorganizar la gestión del organismo, con el objetivo de garantizar transparencia y eficiencia en las prestaciones. El documento lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Salud, Mario Lugones.
Alejandro Vilches se desempeñaba como secretario de Gestión Sanitaria. Cuenta con formación médica y una especialización en gestión de sistemas de salud, tanto públicos como privados. Su designación fue anticipada el jueves por el vocero presidencial Manuel Adorni.
El escándalo se originó a partir de una serie de audios en los que se menciona a figuras clave del oficialismo. Los primeros indicaban una posible red de corrupción con la supuesta participación de Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem. En una grabación posterior, el propio Spagnuolo alude a una persona identificada como “Victoria”, lo que desató especulaciones sobre una posible referencia a la vicepresidenta Victoria Villarruel.
Hasta el momento, ningún integrante del Gobierno ha salido públicamente a desmentir las acusaciones.
Además de nombrar al nuevo interventor, el decreto limita la designación de Romina Gisele Núñez como subdirectora ejecutiva. Núñez había asumido el cargo en 2024, también por decreto. El texto establece que Vilches deberá concentrar sus esfuerzos en los procesos de compras y contrataciones de la Agencia, y entregar un informe detallado sobre el estado del organismo.
En caso de detectar irregularidades, el interventor deberá cuantificar el impacto económico y aportar toda la documentación necesaria. También deberá asesorar sobre las medidas a tomar frente a cada anomalía.
La filtración de los audios derivó en una denuncia judicial impulsada por el abogado Gregorio Dalbón. Según el denunciante, las grabaciones —en las que se escucha presuntamente a Spagnuolo detallar pedidos de dinero a laboratorios a cambio de contratos estatales— constituyen pruebas suficientes para iniciar una investigación penal.
La denuncia alcanza a Diego Spagnuolo, a los hermanos Javier y Karina Milei, al asesor presidencial Eduardo “Lule” Menem y al empresario Eduardo Kovalivker, dueño de la firma Suizo Argentina S.A., vinculada al negocio de medicamentos.
En los audios, atribuidos a Spagnuolo, se afirma que el Presidente sabía de los hechos y que “no se puede hacer el boludo”, mientras que, según la misma fuente, Karina Milei y Menem recibirían retornos mensuales superiores a medio millón de pesos en medicamentos.
Dalbón denunció públicamente que el material está “todo grabado” y cuestionó la inacción de la Justicia. En declaraciones radiales, calificó al Gobierno como “miserable” y acusó a Karina Milei de actuar como “valijera” del Presidente. También señaló que ni fiscales, legisladores ni jueces se han movido para investigar.
El abogado insistió en que los elementos están sobre la mesa y que los magistrados Sebastián Casanello y Juan Pedro Zoni, junto con el fiscal Franco Picardi, deberían actuar de inmediato. Además, comparó este caso con el escándalo financiero de $Libra, en el que también cuestionó la falta de control institucional.
Finalmente, Dalbón apuntó contra el poder político en general. Afirmó que muchos actores prefieren el silencio por conveniencia y alertó sobre el momento crítico que atraviesa el país. “No estoy llamando a una revolución, pero estoy con ganas”, concluyó.