Bahía Blanca, 16 de agosto de 2025. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca condenó a seis años de prisión al exfiscal general Alejandro Cantaro, acusado de proteger entre 2017 y 2018 a la banda conocida como “Narcochetos 2”. El grupo, dedicado al narcotráfico en el sur bonaerense, estaba integrado por uno de sus sobrinos.
Los jueces Ernesto Sebastián, Alejandro Silva y Simón Bracco lo consideraron partícipe primario del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio agravado, por haber sido cometido por un funcionario público con responsabilidad en la prevención y persecución de esos crímenes.
Además de la condena, el tribunal dispuso su detención —que se hará efectiva una vez que el fallo quede firme—, el pago de una multa de 472 unidades fijas y una inhabilitación absoluta y especial por diez años para ejercer cargos o funciones públicas.
Cantaro había sido absuelto en 2023 por el mismo tribunal. Sin embargo, en diciembre pasado, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal revocó esa decisión y ordenó un nuevo proceso, tras aceptar el recurso presentado por el fiscal general Gabriel González Da Silva y sostenido en esa instancia por Mario Villar. La defensa de Cantaro intentó revertir la decisión, pero la Cámara declaró inadmisible el planteo y la Corte Suprema desestimó la queja el 19 de junio, dejando firme lo resuelto por Casación.
Según la acusación, cuando ejercía como fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, Cantaro asistió a los integrantes de la organización, en particular a su sobrino Sebastián Gauna San Millán y a Facundo Texido. Entre marzo de 2017 y abril de 2018, en lugar de perseguir sus delitos, les brindó apoyo mientras ocupaba el cargo de máximo responsable del Área de Delitos Complejos en la jurisdicción.
El tribunal destacó que el exfiscal evitó de manera reiterada pedir la intervención telefónica de Gauna San Millán, pese a la abundante evidencia que lo vinculaba con el narcotráfico. Esa omisión, según los jueces, refuerza la hipótesis de que Cantaro protegía a la banda.
En el fallo se sostuvo que el exfiscal proporcionó a los miembros del grupo información clave para operar sin ser descubiertos. También los alertó sobre precauciones en sus comunicaciones y, en el caso de su sobrino, incluso le ofreció la posibilidad de fugarse a Córdoba para eludir la justicia.
Los magistrados remarcaron que Cantaro recibió del Estado una confianza especial por su rol de fiscal general y coordinador de distrito. Esa posición de privilegio, señalaron, fue utilizada para favorecer intereses criminales en lugar de cumplir con los deberes de su cargo.
Finalmente, el tribunal subrayó que esa deslealtad institucional constituye una traición al mandato constitucional. Según el fallo, su conducta no solo dañó la credibilidad del sistema judicial, sino que además pervirtió los fines de la función pública para la que había sido investido.