Buenos Aires, 12 de agosto de 2025.- Un día antes de que venciera el plazo, Cristina Fernández de Kirchner presentó un escrito ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 para impugnar la ejecución de sus bienes. La exmandataria, condenada en la causa “Vialidad”, buscó frenar la medida que la obligaba a depositar 684 mil millones de pesos (unos 537 millones de dólares) como decomiso por perjuicios al Estado.
El tribunal había fijado como fecha límite el miércoles a las 09:30 para que los condenados realizaran el pago. La cifra, actualizada según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), corresponde a las irregularidades detectadas en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas (2003-2015). Entre los implicados figuran el empresario Lázaro Báez y exfuncionarios como José López y Nelson Periotti.
En su defensa, la expresidenta argumentó que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola no demostraron que sus bienes estuvieran vinculados al delito. Aseguró que su patrimonio es legítimo y que no posee activos decomisables bajo el artículo 23 del Código Penal. Además, criticó la metodología del cálculo, señalando que el uso del IPC multiplicó “cien veces” el monto original, lo que consideró “confiscatorio”.
Junto a sus abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, Kirchner presentó también un recurso de casación ante la Corte Suprema, cuestionando la validez de la sentencia. Allí denunció “trato desigual” y falta de fundamentación en la decisión del TOF 2.
El tribunal ahora deberá resolver si suspende la ejecución de bienes mientras avanza el proceso. Paralelamente, la Corte evaluará el recurso contra la actualización del monto, el más alto en la historia de causas por corrupción en Argentina.